Noticias

25 Nov 2013
Noticias | Por: Redacción

Sala de lo Constitucional da un respiro a las empresas

El pasado 15 de noviembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el pago mínimo al Impuesto Sobre la Renta (ISR) aprobado en diciembre de 2011 por los diputados de la Asamblea Legislativa. La reforma a la ley consistió en aplicar el uno por ciento como mínimo en el pago de dicho impuesto y entró en vigencia en enero de 2012. La demanda alegaba que la medida violaba los principios de capacidad económica, progresividad impositiva y prohibición de confiscación.

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional celebraron su sesión el 15 de noviembre y decidieron anular las reformas a los artículos 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), los cuales regulaban el impuesto mínimo del uno por ciento a la renta. A través de un comunicado de prensa, la Sala anunció que al determinar que los costos y gastos necesarios para la producción no son descontados de la base para calcular el impuesto “tales disposiciones violan la equidad tributaria, en su manifestación del principio de capacidad económica, establecido en el artículo 131 de la Constitución”, manifestó la Sala.

La demanda fue interpuesta por un grupo de cinco ciudadanos quienes manifestaron su inconformidad con el cobro del impuesto porque lo consideraban ilegal. Los ciudadanos cuestionaron las disposiciones contenidas en los artículos mencionados y argumentaron que las reformas violaban los tres principios contenidos en la Constitución de la República. Ante la admisión de la demanda por parte de los magistrados, le exigieron a la Asamblea Legislativa dar sus argumentaciones para proceder a anular o dejar el cobro del impuesto. Sin embargo, de acuerdo con los magistrados de la Sala, los diputados no brindaron el informe al respecto, por lo que procedieron a declarar inconstitucional las regulaciones.

En su momento, como alegatos para que se aprobaran las reformas a la ley, el Ejecutivo justificó que algunas empresas reportaban pérdidas al fisco para reducir sus obligaciones tributarias, lo que provocaba una evasión fiscal. Es por ello que, según el Ministerio de Hacienda, la designación del uno por ciento buscaba evitar este problema de evasión, ya que el impuesto también sería aplicado a empresas que reportaran pérdidas por dos años consecutivos. Ante esto, los magistrados concluyeron que en las reformas existía un desconocimiento del principio de capacidad económica, puesto que no se tomaban en cuenta los costos y gastos de operación de las empresas. Los diputados y el Ejecutivo solo presumían que todas las empresas ganaban el uno por ciento por sus ventas brutas y, por tanto, desconocían que hay muchas entidades que sobreviven con utilidades pequeñas y que pagan costos de seguridad, energía, operación y empleados, lo cual no admitía la reforma.

Para Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la resolución es “un triunfo para nosotros, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son las que conforman a la mayoría de empresas en el país. Esta medida les estaba afectando mucho y no dudo que en corto plazo esos empresarios podrían haberse ahogado en el intento. Probablemente hubieran cerrado y esto hubiera dejado sin empleo a muchos salvadoreños. Al final, este es un respiro para las empresas que estaban obligadas a pagar sobre lo que no tenían, ya que ahora van a tener que declarar impuestos sobre lo que producen y no sobre lo que el gobierno quería”, aseguró en declaraciones para MedioLleno.

De acuerdo con la firma JMB Auditores y Consultores, especialista en temas de auditoría, contabilidad, impuestos, asesoría y capacitación en el rubro de la contabilidad pública, “la reforma partía de la presunción que si la empresa iba a pagar más impuestos por el uno por ciento sobre sus ventas que por el 30 por ciento sobre sus ganancias, pagaba el monto que daba el uno por ciento, de lo contrario, pagaba lo que resultara del 30 por ciento”.

“Es decir, si mi empresa tuvo ventas totales de 2 millones de dólares, el 1 por ciento sería de 20 mil dólares. Si mis ganancias fueron de 50 mil dólares, el 30 por ciento de estas sería de 15 mil dólares. Por lo tanto, yo tenía que pagar los 20 mil en lugar de los 15 mil, lo que significaba un aumento de 5 mil dólares en el pago de mis impuestos. Y la reforma significaba que aunque yo hubiera tenido pérdidas tenía que pagar el impuesto mínimo”. 

 

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