Noticias

4 Oct 2013
Noticias | Por: Redacción

Quieren perseguir con antejuicio a magistrados de Sala de lo Constitucional

En la Sesión Plenaria de este 3 de octubre, los diputados de la Asamblea Legislativa recibieron una pieza de correspondencia. El documento se refiere a una denuncia de antejuicio en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los funcionarios que pretenden sean destituidos son José Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González, Florentín Meléndez y la magistrada suplente Sonia Dinora Barillas.

La denuncia fue presentada por el profesor Julio Enrique López Pérez, quien considera que los magistrados de dicha Sala han cometido los delitos de prevaricato y desobediencia, contemplados en los artículos 310 y 322 del Código Penal. El denunciante estima que los hechos que generan estos delitos son las resoluciones de inaplicabilidad emitidas en el proceso de inconstitucionalidad que dicha Sala de lo Constitucional tramita contra el nombramiento del magistrado Salomón Padilla, quien también es el presidente de la Sala y de la CSJ.

Según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), “el proceso de antejuicio es un requisito necesario para poder juzgar penalmente a ciertos funcionarios del Estado, entre ellos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en virtud que cuentan con fuero constitucional, respaldado por el artículo 236 inciso primero de la Constitución. Luego del antejuicio, si se encuentran motivos suficientes para iniciar un proceso penal, la Asamblea Legislativa remite el caso a la Cámara Primera de lo Penal, de la Primera Sección del Centro, según el artículo 139 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. De esta manera, los funcionarios procesados quedarán suspendidos en el ejercicio de sus funciones mientras se tramita el proceso penal”, acotó la Fundación a través de su sitio Observatorio Judicial.

Hasta el año pasado, este tipo de denuncias correspondía al fiscal general de la República. Sin embargo, debido a la confrontación que desde 2010 ha tenido la Asamblea Legislativa con la Sala de lo Constitucional, esto se modificó para que la promoción del antejuicio dependa completamente de la Asamblea Legislativa. Al cierre de esta nota, la pieza aún no había sido aprobada por el pleno de dicha Asamblea. 

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