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11 Ago 2017
Noticias | Por: Marcela Solís

¿Quiénes son los que están acusados y los que ni siquiera figuran en el #CasoTregua?

A pesar que Funes fue el presidente y David Munguía Payés fue el ministro de Justicia y Seguridad mientras duró la tregua entre pandillas, ninguno de ellos fue acusado por la Fiscalía en el caso. Funes, incluso, fue eliminado de la lista de testigos ¿Quién pagará por los delitos cometidos en la tregua entre pandillas?

Los principales negociadores de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango y monseñor Fabio Colindres, ofrecieron a los pandilleros ciertos beneficios a cambio que parar la agresión entre las pandillas MS y 18, lo que reduciría los homicidios en el país. Esto, de acuerdo a estrategiaynegocios.net, era de conocimiento del ex ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, y el ex presidente asilado en Nicaragua, Mauricio Funes.

Leé más: “Estos son los delitos acumulados de Funes y las décadas que podría pasar en cárcel

Dentro de los beneficios ofrecidos se encontraban: cargos para pandilleros como directivos en diversas instituciones, entre ellas algunos penales; traslados a cárceles de menor seguridad para sus cabecillas; visitas íntimas y familiares; ingreso de comida rápida y cigarros por parte de los mediadores; fiestas con reconocidas orquestas, bailarinas nudistas, discomóviles y hasta un comediante; y uso de aparatos electrónicos, como celulares, playstations, refrigeradores, equipos de sonido, teatros en casa y televisores “recreativos” con servicio de cable.

Estos beneficios se empezaron a dar en el 2012, pero en marzo de ese año Munguía Payés y Nelson Rauda, director de Centros Penales, negaron tener un “trato con pandilleros”. Luego, seis meses después, en septiembre, Funes afirmó ante la ONU que la disminución de los homicidios era por “la tregua de pandillas”.

En febrero 2016, Funes fue citado en la FGR para que explicara su participación en la tregua; un mes después Mijango fue capturado y acusado de mediador en la “iniciativa”. También Rauda fue capturado. Ahora, ambos son parte de los 17 que enfrentan un juicio por “actos arbitrarios, tráfico de objetos prohibidos en las cárceles, agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes”.

Por su parte, el abogado defensor de un jefe policial involucrado en la tregua, Luis Pérez, cree que se debería enjuiciar también a los funcionarios de más alto rango porque tomaron decisiones. Solo así, el proceso no sería un “juicio político e injusto”.

Enfrentan el juicio por #CasoTregua, de acuerdo a la FGR:

  • Ronald Zúniga, quien formaba parte del equipo técnico del penal de máxima seguridad, por presunta emisión de dictámenes para trasladar a los cabecillas a otras cárceles.
  • Y por autorizar el ingreso de personal ajeno al Centro Penal sin los debidos protocolos de registro y permitir objetos ilícitos dentro de los recintos a Rodil Hernández y Rauda, ambos directores de Centros Penales; el ex inspector de Centros Penales, Anílber Rodríguez; Miguel Hernández, Rigoberto Palacios, Juan José Zepeda y José Abarca, todos directores de penales en El Salvador.

Por su parte, a EDH, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, dijo: “Si en ese contexto salieron otras personas vinculadas yo le diría que sí, el expresidente de la República Funes, que está mencionado ahí, y que estuvo detrás de la tregua, y el ministro David Munguía Payés, y otros funcionarios”.

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¿Los testigos no acusados?

A petición de la FGR, los llamados a declarar, más no acusados, son: el exdirector de la PNC, Francisco Salinas, monseñor Fabio Colindres, Munguía Payés y al difunto alcalde de Ilopango, Salvador Ruano. Pero, se desistió de llamar al expresidente Funes y a Óscar Ortiz, vicepresidente de la República.

Para Munguía Payés y Funes la “tregua entre pandillas” se dio como iniciativa de las pandillas y la sociedad civil, y que el Gobierno solo la había “acompañado”. Sin embargo, las declaraciones de monseñor Colindres en el juicio, participó por la “invitación” de Munguía Payés. Mientras que, el ex director de la PNC explicó que el pacto sí fue impulsado por el Gobierno.

“La tregua entre pandillas fue una política de Estado. Han involucrado en este caso a gente que no ha tenido nada que ver con las decisiones políticas de una política de Estado que se estaba desarrollando en esa época”, declaró Munguía Payés.

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