Noticias

26 Sep 2013
Noticias | Por: Redacción

Qué pasará si la Directiva de la Asamblea no paga la multa

El pasado 18 de septiembre, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) multó a los 14 diputados que conforman la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa por no brindar información declarada oficiosa. La sanción impuesta fue de 9 mil 324 dólares, lo que corresponde pagar a cada diputado la cantidad de 666 dólares. Los legisladores presentaron una solicitud de apelación a la espera de que puedan ser absueltos de la responsabilidad.

Según el IAIP, el ciudadano Ángel Fernando Romero solicitó a la Oficina de Información Pública (OIP) de la Asamblea Legislativa que publicara la lista de sus asesores así como la remuneración que reciben. Sin embargo, el Legislativo declaró improcedente la solicitud y catalogó a la información solicitada como confidencial, por lo que el ciudadano no recibió la información que requería.

En su artículo 10, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece como información oficiosa, entre otra, “el listado de asesores, determinando sus respectivas funciones”. Por lo que el IAIP determinó que la negación de dicha información violaba el derecho de acceso a la información pública y que debería ponerse a la disposición de la sociedad salvadoreña. No obstante, la Junta Directiva volvió a desobedecer y reiteró que no publicaría el listado de sus asesores.

Pero algunos grupos parlamentarios como ARENA y PDC, luego del llamado de atención del Instituto, decidieron publicar la información y fueron los únicos que dieron ese paso a la transparencia. Por el contrario, el FMLN, GANA y PCN se mantuvieron firmes en su postura de no dar a conocer la información.

Ante las negativas de los legisladores, el Instituto multó a los 14 miembros de la Junta Directiva y ordenó que el dinero “deberá ingresar al Fondo General de la Nación dentro de los ocho días hábiles siguientes a los de la notificación de esta resolución, debiendo comprobar cada servidor público al Instituto su cumplimiento dentro del plazo indicado. En caso contrario, se certificará a la Fiscalía General de la República para su ejecución forzosa”, afirmó el comunicado.

Sin embargo, según César Grande, comisionado del IAIP, “los diputados han interpuesto un recurso de apelación, basados en el artículo 82 de la LAIP, por lo que el proceso se ha detenido. Cuando un notificado presente este tipo de recursos no se puede proceder, porque la apelación paraliza la sentencia o su período de ejecución”, afirmó Grande en declaraciones para MedioLleno.

No pueden acudir a otro organismo

El artículo 101 de la LAIP asegura que “los particulares podrán impugnar las resoluciones negativas a sus pretensiones ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”. No obstante, en su resolución los comisionados anularon la posibilidad de que los funcionarios legislativos acudieran a dicha Sala. “Este Instituto deja constancia que el artículo 101 dispone que son los particulares quienes podrán impugnar las resoluciones definitivas, no así los servidores públicos quienes no tienen más facultades que las expresamente les da la ley” comunicaron.

“En consecuencia, los sujetos obligados de conformidad con los artículos 7 y 8 de la LAIP deben dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública al resolver recursos de apelación, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos como la interposición de un proceso contencioso administrativo o como la simple negativa de entregar información, para eludir dicho cumplimiento”, concluyó el Instituto.

De acuerdo con Aurora Cubías, subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción, “la ley le da la facultad a la Asamblea Legislativa para solicitar revocatoria. En ese caso, el Instituto tiene que volver a revisar y emitir de nuevo una resolución, que puede volver a plantear o reconfirmar lo que ya había decidido. En dado caso los diputados no paguen la multa, el IAIP tendrá que reportarlo a la Fiscalía General de la República (FGR), como lo establece el artículo 80 de la Ley de Acceso”, aseguró la funcionaria en declaraciones par MedioLleno.

Además, Cubías agregó que “la Sala de lo Contencioso tendrá que decidir si admite o no la solicitud. La LAIP establece que los particulares podrán revocar la solicitud. Generalmente, dentro de la comunidad jurídica lo que se refiere a particulares son las personas naturales o la persona administrada. No se entiende por tal a la entidad pública, porque lo que busca es generar un equilibrio entre la persona administrada o natural y la entidad pública. En ese sentido, la Sala puede desestimar la apelación o fallar a favor del Instituto, que es lo que esperamos”.

Al ser cuestionada sobre el porqué los diputados de ARENA y PDC han sido multados a pesar de haber publicado a sus asesores, la subsecretaría de Transparencia aseguró que “el proceso que ha realizado el IAIP es sobre la Asamblea, no sobre los partidos. Es decir, la sanción no se ha hecho de manera individual sino que por grupo representativo, que en este caso es la Junta Directiva. Sin embargo, aunque esos partidos han publicado parte de la información, el Instituto exigió que informaran, además de los nombres de los asesores, sus remuneraciones, información de contacto institucional y las funciones que ejercen dentro de la Asamblea y eso aún no se ha hecho”, reafirmó Aurora Cubías.

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