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31 Ago 2016
Noticias | Por: Redacción

¿Qué ha pasado con el caso Rais y Martínez?

El 28 de agosto, la Jueza Séptima de Paz en San Salvador, Évelyn Jiménez, impuso fianzas como medida sustitutiva de $5 mil a $20 mil dólares a los imputados en el caso Rais-Martínez. Enrique Rais y el exfiscal Luis Martínez fueron acusados formalmente por la Fiscalía General de la República (FGR) el 25 de agosto.

Cabe destacar que, las medidas sustitutivas de libertad se establecen para beneficiar el proceso penal, por esto la persona es juzgada en libertad. La excepción a la regla es cuando se determina privación judicial preventiva de libertad. Dentro de las medidas cautelares sustitutivas de libertad se encuentran: la detención en domicilio; presentación periódica ante un tribunal; no poder salir del país sin autorización; entre otras.

A Rais se le acusó de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo; mientras que al exfiscal por omisión de investigación, fraude procesal y divulgación de material reservado. La fianza para Martínez se estableció en USD$5 mil dólares, mientras que Rais pagará la cantidad de USD$10 mil dólares para recuperar su libertad.

El pasado jueves también se acusó oficialmente al exfiscal jefe Julio Arriaza, los abogados Hugo Blanco Rais, Wilfredo Gutiérrez, Luis Peña y de Romeo Aurora Giammattei por delitos de cohecho, elaborar pruebas falsas en un proceso, recibir sobornos y omisión de deberes.

En la audiencia inicial, la jueza del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador declaró que no se escucharían los diez audios incriminatorios, a pesar que el caso se sustenta “gran parte en intervenciones telefónicas”, según declaraciones de una de los seis fiscales de la Unidad Contra Crimen Organizado.

Desde que inició el proceso, la decisión de la jueza cambió tres veces, por lo que la FGR pidió asistieran a la audiencia, realizada el 27 de agosto, representantes de la Sección de Investigación Judicial.

Así mismo, la FGR pidió a la jueza que la apoderada legal de Claudia Herrera, quien es la esposa del ex socio de Rais, Mario Calderón, se tuviese como parte querellante. Es importante resaltar que, Rais denunció por extorsión a Calderón y este se encuentra en prisión preventiva en el centro penal de Metapán, Santa Ana.

A petición de la Fiscalía, Herrera pasaría a formar parte como víctima en el caso contra Giammattei, a quien se le acusa de cometer prevaricato mientras era el titular del Juzgado Noveno de Paz en San Salvador.

En su defensa, los acusados alegaron que las detenciones fueron ilegales, ya que Arriaza afirmó no habían órdenes de captura. Acotó además que las escuchas telefónicas han sido declaradas ilegales y desde el año pasado se ordenó su destrucción.

Por su parte, los abogados defensores también pidieron se declarase nulo el proceso judicial, ya que cabe la posibilidad que los que ordenaron las detenciones desobedecieran al no destruir los audios. Según Arriaza, la FGR cometió irregularidades, por lo que se deben investigar las computadoras de los fiscales del caso y verificar los videos de las capturas.

Es importante mencionar que, Martínez realizó más de 56 viajes en aviones privados de Rais, así como recibió USD$14 mil 839 dólares para viáticos en el 2015 y cerca de USD$ 27 mil 278 dólares adicionales en los mismo viajes.

No obstante el 28 de agosto, la jueza decidió dejar en libertad a siete de los nueve imputados en el caso, ya que los acusados no tienen peligro de fuga. Jiménez considera que aún no se han mostrado las evidencias suficientes para detener a los imputados.

La FGR no se encuentra conforme, por lo que apelará el dictamen de Jiménez ante la cámara penal. Uno de los fiscales del caso sostuvo: “la juez no valoró cada uno de los indicios. Se estaba presentando un caso de corrupción”.

Rais declaró: “lo más importante es que he recobrado la libertad”, mientras salía de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC). Los imputados tienen prohibido dejar el territorio nacional o modificar su residencia y deberán presentarse a firmar cada 30 días a los tribunales.

Por otro lado, el exfiscal además fue acusado de divulgar las escuchas telefónicas sobre la vida privada del Padre Antonio “Toño” Rodríguez, de acuerdo con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). A lo anterior, Martínez aseguró ser “objeto de persecución” en las audiencias en su contra.

A pesar de pagar la fianza, Martínez debía permanecer en detención provisional hasta el 29 de agosto mientras se le dictaba la nueva audiencia por el crimen cometido contra el Padre Toño. “Todo mi trabajo fue recuperar al país. Recuperamos los intereses sagrados. Hoy la gente lo quiere destruir eso si no se vale”, acusó Martínez.

Sin embargo, la audiencia se pasó para el 30 de agosto, donde se decretó detención con instrucción formal para el exfiscal en la DAN de la PNC. La decisión se tomó para preservar la integridad del fiscal y porque existen suficientes pruebas en su contra. La FGR pidió reserva del caso, ya que no desean se revele el contenido “las escuchas telefónicas del padre Toño”.

El defensor de Martínez, Manuel Cruz, aseguró que pedirá la libertad de su cliente, ya que la Fiscalía no logra comprobar su delito y que no se interpondría un recurso de revocatoria, sino que uno de apelación.

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