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10 Mar 2016
Noticias | Por: Redacción

A?QuAi?? es una DeclaraciA?n Patrimonial y quiAi??n estA? obligado a cumplirla?

Cada paAi??s estA? sujeto a obligaciones legales que se deben de cumplir con el orden mA?s adecuado. Por esta razA?n, te comentamos sobre las implicaciones que se estipulan en una Ley sobre Enriquecimiento IlAi??cito y todo lo que esto conlleva para que El Salvador fortalezca un sistema judicial competente.

En el artAi??culo 5 de la Ley sobre Enriquecimiento IlAi??cito se detalla sobre los funcionarios que estA?n sujetos a declarar patrimonio. Para ello, se toman en cuenta los titulares de gobierno, sus ministros, funcionarios de primer y segundo nivel de varias instituciones, y alcaldes.

Con el transcurso de los aAi??os, las leyes en el paAi??s han generado transformaciones con respecto a reformas; un ejemplo de esto fue lo ocurrido en octubre de 2011, ya que fueron incluidos jueces, magistrados de Segunda Instancia, secretarios y oficiales del Ai??rgano Judicial en el proceso de la declaraciA?n patrimonial.

Es necesario aclarar que, a partir del 2011, asociaciones de magistrados y jueces solicitaron la reforma de Ley sobre Enriquecimiento IlAi??cito de Funcionarios y Empleados PA?blicos, en el que los miembros del Ai??rgano Judicial fueron incluidos, asAi?? como que su declaraciA?n de bienes ya no era de carA?cter opcional, sino una obligaciA?n.

Por otra parte, en el marco actual de esta legislaciA?n, se han generado controversias judiciales como es el caso del expresidente ElAi??as Antonio Saca, a quien se le ordenA? la apertura de juicio civil por supuesto enriquecimiento ilAi??cito, luego de que este no lograra solventar las dudas sobre algunas inconsistencias en su declaraciA?n patrimonial que asciende a mA?s de 6.5 millones sin poder justificar.

Hasta la fecha, en los A?ltimos 16 aAi??os, ningA?n exfuncionario ha sido condenado por enriquecimiento ilAi??cito; sin embargo, Saca es el cuarto exfuncionario al que se le ordena este tipo de juicio por enriquecimiento ilAi??cito. Anteriormente se procediA? de igual manera contra Leonel Flores, expresidente del ISSS; Reynaldo Cardoza, actual diputado del PCN, y Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador. Y, en su momento, a Francisco Flores, expresidente del paAi??s recientemente fallecido.

A?Por quAi?? es importante saber la DeclaraciA?n Patrimonial de los funcionarios?

Conociendo los anteriores casos, es fundamental aclarar por quAi?? el pueblo salvadoreAi??o estA? en su derecho de hacer constar del uso de bienes que estos exmandatarios han realizado, incluyendo todo tipo de informaciA?n que justifique el porquAi?? de todos los movimientos bancarios y todo lo que tenga que ver con gastos que se derivan de los fondos pA?blicos.

Como lo estipula el Instructivo Para la DeclaraciA?n Jurada de Patrimonio, la ley considera dos criterios para obligar a los servidores pA?blicos a presentar la declaraciA?n patrimonial:

  1. Aquellos que tienen participaciA?n en la administraciA?n pA?blica.
  2. Aquellos que hacen manejo de fondos pA?blicos.

Con esto, cabe destacar que es una equivocaciA?n creer que no existe obligaciA?n para el servidor pA?blico que no maneje fondos. Y ya estipulado en la ley, es responsabilidad de cada funcionario hacer valer lo estipulado y aclarado.

El artAi??culo 240 de la ConstituciA?n de la RepA?blica detalla, en su inciso tercero, que los funcionarios y empleados que la ley determine estA?n obligados a declarar su patrimonio en un mA?ximo de 60 dAi??as despuAi??s de haber tomado posesiA?n de su cargo. La declaraciA?n tambiAi??n debe hacerse, segA?n el artAi??culo, al finalizar en el cargo. La Corte Suprema estA? facultada para corroborar la informaciA?n.

Afirmando esto, la Ley estipula que existen tres tipos de declaraciA?n patrimonial:

  • DeclaraciA?n inicial: cuando se ingresa al servicio pA?blico por primera vez; se ingresa como servidor pA?blico; despuAi??s de 60 dAi??as naturales de la conclusiA?n del A?ltimo encargo; y cuando se cambia de dependencia o entidad.
  • DeclaraciA?n de conclusiA?n: cuando se concluye un encargo pA?blico.
  • DeclaraciA?n de ModificaciA?n Patrimonial: cuando se informa sobre la modificaciA?n patrimonial durante el mes de mayo de cada aAi??o, aun habiendo presentado declaraciA?n inicial entre enero y abril.

Las acciones y comportamientos que entorpecen este proceso

El tema de la declaraciA?n patrimonial debe cumplir con un objetivo de interAi??s pA?blico; sin embargo, hay acciones y comportamientos por parte de las entidades gobernantes que entorpecen el proceso que sigue esta informaciA?n delimita.

Tomando en cuenta que se deben de cumplir una serie de requisitos para que sea considerada una declaraciA?n patrimonial transparente, existen tAi??rminos que no estA?n relacionados ni se ven reflejados con las acciones de los funcionarios pA?blicos, ya que se limitan a solventar dudas de sus diferentes transacciones.

Con esto, es fundamental aclarar que: el tAi??rmino Probidad, se refiere a la observaciA?n y anA?lisis de una conducta de un funcionario pA?blico que se estAi?? llevando a cabo en condiciones intachables, honestas, leal y que mantenga un buen respaldo en cuanto a su funciA?n o cargo.

Esto es lo que pretenden generar las figuras pA?blicas al realizar una rendiciA?n de cuentas en su tiempo determinado; sin embargo solo se transmite cierta informaciA?n econA?mica, por lo que es necesario que su conducta o sus acciones cumplan y llenen con todos los requisitos para que se considere una probidad administrativa, y que a la vez satisfaga con las percepciones de la poblaciA?n.

Probidad es una acciA?n poco reflejada en el desempeAi??o polAi??tico

Por los casos antes mencionados, debemos reconocer que la probidad es una acciA?n poco reflejada en el desempeAi??o polAi??tico; ya que se han llevado a cabo juicios de casos de corrupciA?n y enriquecimiento ilAi??cito, donde exfuncionarios no han presentado una declaraciA?n de patrimonio que solvente las dudas sobre los diferentes gastos que han realizado durante su gestiA?n.

Actualmente, las dudas polAi??ticas en El Salvador estA?n surgiendo debido al incremento de actos inusuales en el desarrollo y movimientos de las diferentes actividades que los funcionarios realizan, con lo que no transmiten o comunican con claridad el manejo financiero.

Por lo tanto, es fundamental conocer que hay ciertas condiciones para que los bienes que adquieren las entidades y organismos del sector pA?blico sean ingresados como activos fijos; esto quiere decir que es necesario proporcionar a las entidades y organismos del sector pA?blico, normas de carA?cter general que les permita administrar y controlar adecuadamente los bienes que no reA?nen las condiciones para ser contabilizadas, asAi?? como elementos que respaldan en el desarrollo social.

En el caso del control administrativo de los bienes no considerados activos fijos, siendo estos los bienes tangibles de propiedad del Estado o de las entidades del sector pA?blico que, sin embargo de tener una vida A?til superior a un aAi??o y utilizarse en las actividades de la entidad, tengan un costo individual de adquisiciA?n, fabricaciA?n, donaciA?n o avalA?o, inferior a 5 salarios mAi??nimos vitales generales, o vigentes a la fecha del registro administrativo.

Aclarado esto, los bienes no considerados activos fijos sujetos al control administrativo son, entre otros, los siguientes: A?tiles de oficina, utensilios de cocina, vajilla, lencerAi??a, instrumental mAi??dico, insumos y de laboratorio; libros, discos y videos, herramientas menores; por lo tanto, se prohAi??be el uso de estos bienes en fines particulares.

Al plantear cada diferencia y reconociendo cuA?les deberAi??an de ser las estructuras por las que se debe de guiar una entidad pA?blica para cumplir con el respectivo acto polAi??tico y judicial, el cual como salvadoreAi??os tenemos el derecho de conocer, es importante saber y cuestionarse el porquAi?? de cada acciA?n y cada ingreso, por muy irA?nico o innecesario que parezca.

Dichas aclaraciones estA?n fundamentadas con el objetivo de mantener una funcionalidad de provecho en las diferentes instancias pA?blicas y generar un desarrollo a base de recursos adquiridos con finalidad econA?mica solventada con la normatividad, declarando una situaciA?n patrimonial de forma eficiente con el propA?sito, ademA?s, de generar una confianza mA?s sustentada entre la sociedad.

Dicho esto, el Estado estA? obligado y comprometido socialmente a asegurar la legitimidad de los recursos de las instituciones pA?blicas como es el caso de todos exfuncionarios y en funciA?n actualmente enjuiciados, por lo que es nuestra labor como sociedad conocer a profundidad y con detalles estos procesos judiciales, para brindar la orientaciA?n requerida y contribuir con el cumplimiento en tiempo y forma de la DeclaraciA?n de SituaciA?n Patrimonial de El Salvador.

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