Noticias

15 Oct 2013
Noticias | Por: Redacción

Pruebas para el Fiscal en el caso ex Diego de Holguín

Primera entrega: Cronología de una acusación dudosa a Jorge Nieto

Segunda entrega: Pruebas para el Fiscal en el caso ex Diego de Holguín

Tercera entrega: En lo que se basa la Fiscalía y lo que ignora del caso ex Diego de Holguín

Cuarta entrega: Entonces… ¿Por qué no se entrega Jorge Nieto?

 

En la primera entrega del especial del exbulevar Diego de Holguín se presentó una cronología sobre de este sonado caso. En esta segunda parte, MedioLleno muestra algunas de las pruebas que ha exigido la Fiscalía, a las cuales se presume se ha hecho caso omiso. Entre las principales documentaciones existentes se encuentra una Resolución Modificativa, firmada entre el MOP y la empresa constructora, un aval de la Corte de Cuentas para iniciar un arbitraje y el informe del caso presentado en el 2010 por la Subsecretaría de Transparencia.

El pasado 13 de septiembre, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) diera a conocer que varios funcionarios y exfuncionarios serían investigados por posible corrupción, varios periodistas cuestionaron al fiscal Luis Martínez por no implicar a David Gutiérrez en el caso del ahora bulevar Monseñor Romero. El fiscal se alteró ante la insistencia de los periodistas de conocer por qué no se involucraba al exministro de Obras Públicas y exigió que si tenían pruebas que las presentaran. El equipo defensor de Jorge Nieto, uno de los acusados por la FGR, nos compartió documentos importantes que consideran que prueban la participación de Gutiérrez.

Informe oficial Subsecretaría de Transparencia

La Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción (SSTA), de la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia (SAE), presentó en el 2010 un documento denominado “Informe caso MOP-Diego de Holguín Tramo II”. Según los abogados de Nieto, “este documento fue uno de los sustentos de la Fiscalía, pero grandes porciones del mismo fueron dejadas fuera o desvalorizadas, por lo tanto, esto constituye una grave omisión”.

Entre los principales hallazgos del informe están que “el primer hecho constitutivo de delito que se ha determinado es que el diseño incorporado a las bases de licitación fue diferente al autorizado originalmente. Esta ilegalidad con omisión es constitutivo del delito provisionalmente calificado como actos arbitrarios, previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal”, sostiene el informe. Además, recalca que “la administración del MOP, al mando del licenciado David Gutiérrez, sacó a licitación un proyecto que estaba viciado desde un inicio.”.

Este mismo informe de la Subsecretaría asegura que la empresa ganadora de la licitación, COPRECA-Linares, debió haber presentado sus Estados Financieros auditados. Sin embargo, “al analizar la información, el dictamen del auditor independiente no está conforme a los requisitos mínimos que exigen las normas de auditoría. En ese sentido, no existe tal documento, por lo que la empresa debió quedar eliminada en este proceso (licitación) por no cumplir con los requisitos”. 

 

Resolución Modificativa entre MOP y COPRECA-Linares

Al tomar el mando del MOP, en el 2007, Jorge Nieto logró acordar con el asocio constructor una Resolución Modificativa con la cual se cambiaría del diseño modificado, en el 2005, al diseño original de la obra. El acuerdo fue realizar la modificación sin que la constructora incrementara el precio de la obra. No obstante, a pesar de haberlo firmado, COPRECA-Linares violó el acuerdo cuando comenzó a pedir más dinero por la construcción del bulevar, alegando aumento en el precio de materiales como el cemento y hierro. Pero Nieto se negó a hacerlo y la empresa paralizó la obra, por lo que el MOP por instrucciones de Nieto aplicaron varias multas, lo que provocó una batalla legal entre COPRECA y el MOP.

 

 

Arbitraje avalado por la Corte de Cuentas

Ante los conflictos derivados, el MOP optó por irse a un arbitraje, luego de pedir la valoración y sugerencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR), respaldado por el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas. El entonces presidente de la Corte, Hernán Contreras, aseguró a Nieto que “en el caso consultado son aplicables los artículos 165 de la Ley LACAP y 45 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, cuya adecuada aplicación permitirá garantizar una solución oportuna a las diferencias que entorpecen la finalización de obras”.

De acuerdo con los defensores de Nieto, “sin el arbitraje, la obra no se hubiera podido desentrampar dados los errores del 2005. Evitó que el asocio demandara al gobierno y que la obra se encareciera mucho más. No obstante, el arbitraje se perdió debido a acciones ilegales del MOP sucedidas en 2005 y 2006”, sostiene el equipo defensor de Nieto.

El equipo jurídico de Nieto asegura que “la Fiscalía alega una conspiración entre el propietario de COPRECA, Jesús Hernández Campollo, y Jorge Nieto para favorecer financieramente al consorcio. Sin embargo, la evidencia muestra que Jorge Nieto fue el único que aplicó multas a la empresa, se negó a aumento de precios y caducó el contrato cuando tuvo la base legal para hacerlo”. A esto, el informe de la Subsecretaría de Transparencia agregó que “los procesos sancionatorios comienzan hasta mediados de 2007, cuando la obra presentaba atrasos desde mucho antes y, sin embargo, no se realizaron acciones para sancionarla, sostuvo la Subsecretaría de Transparencia.

Continuará el informe…

 

 

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