Noticias

3 Oct 2013
Noticias | Por: Redacción

¿Por qué no se investiga el caso de El Chaparral?

El Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral es una obra que ha costado, hasta el momento, 108.5 millones de dólares. Ha ocasionado erogaciones millonarias de dinero a causa de malas decisiones, sin embargo, ha sido uno de los proyectos más ambiciosos para los gobiernos salvadoreños. La infraestructura está paralizada y se espera que esté terminada a más tardar en el año 2017.

De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la construcción total de El Chaparral tendría contemplada una inversión aproximada de 220 millones de dólares. No obstante, la obra podría erogar más de 300 millones de dólares al Estado salvadoreño por diversas razones. Hasta la fecha, CEL ha invertido 108.5 millones de dólares, incluido un sobregiro de 32.5 millones, pagados a la constructora italiana Astaldi.

Al igual que sucediera con el bulevar Monseñor Romero, ex Diego de Holguín, el proyecto hidroeléctrico se ha caracterizado por una ser de anomalías que van desde el proceso de estudio de posibilidades del suelo, pasan por el proceso de concesión y licitación y concluyen en constantes críticas de diversos sectores y organizaciones que han pedido la no construcción de la central hidroeléctrica.

Según CEL, en 1997 iniciaron los estudios de prefactibilidad a cargo de la empresa estadounidense Harza, y luego los retomó la japonesa JPower, quien sugirió un mapeo del suelo y otros lugares para crear la presa.  En el 2006, la empresa brasileña Intertechne terminó una consultoría sobre la creación del primer diseño para el proyecto. Pero en el 2007, la CEL declaró desierta la licitación e inició un nuevo proceso apoyado, entre otras entidades, por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El 18 de septiembre de 2008, bajo la aún administración de Antonio Saca, se entregó el contrato a la empresa Astaldi, a un costo de 220 millones de dólares. Sin embargo, fue hasta el 5 de enero que comenzó a ejecutarse la obra, las cuales se paralizaron en el 2010 debido a problemas naturales, como las lluvias y otros hechos meteorológicos.

En el 2009, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) recomendó la suspensión y revisión de la obra El Chaparral, a través de su Estudio de Impacto Ambiental y Estudio de Factibilidad del Proyecto. La SIGET ordenó, en primer lugar, que el estudio hecho por CEL careció de un verdadero estudio de mercado. Además, la propuesta no presentaba mayores consideraciones para el desarrollo renovable y caracterizó de poco sostenible la construcción de la central hidroeléctrica.

En el año 2012, cuando asumió la presidencia Leopoldo Samour, CEL y la empresa constructora dieron por terminado el contrato, cancelando a Astaldi 108.5 millones de dólares, casi el 50 por ciento del valor del proyecto sin haber avanzado lo que rige la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Para este año, se conoció que la empresa Intertechne será la encargada del rediseño del proyecto y costará 5.3 millones.

Denuncia ante la Corte de Cuentas

El pasado 4 de septiembre, diputados de la Asamblea Legislativa, pertenecientes al partido ARENA, presentaron una demanda en la Corte de Cuentas para que se investigue el caso de El Chaparral. Edwin Zamora, Mario Valiente y Patricia Salazar, diputada suplente, alegaron que deben esclarecerse los mecanismos con los cuales se ha manejado el tema de la presa hidroeléctrica. “Astaldi y CEL conversaron sobre la posibilidad de un arbitraje y acordaron una salida negociada donde el gobierno tenía que pagar 32.5 millones de sobreprecio. A la fecha, se entregó 108.5 millones en total para una avance de la obra de 23.6 por ciento, pero en realidad el gobierno está pagando el 50 por ciento del valor total del proyecto a cambio únicamente del 23.6 por ciento del avance de la obra”, esclareció el diputado Zamora.

MedioLleno intentó hablar al respecto con representantes del FMLN en la Asamblea Legislativa, sin embargo, no fue posible establecer ninguna comunicación con los legisladores. Su departamento de Prensa reiteró que no se encontraban y que hasta el momento no se estaba abordando el tema en la agenda del partido, por lo que no fue posible conocer su postura al respecto.

Funes no quiere que se investigue

El pasado martes 1 de octubre, al ser cuestionado por los medios de comunicación, el presidente Mauricio Funes defendió la paralización de la obra y el pago a Astaldi. “Si el presidente de CEL no hubiera recurrido a la negociación directa, inmediatamente Astaldi se va a un arbitraje internacional que le implicaría una erogación mayor al Estado, pérdida de tiempo y parálisis de la obra. Sé que hay diputados que han ido a la Corte de Cuentas, así que decida la Corte si hay indicios para abrir una investigación, pero yo no voy a ordenar ninguna porque para mí las cuentas están claras y las decisiones atinadas. Yo no voy a investigar algo que está apegado a la ley”, recalcó Funes.

 
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