Noticias

23 Abr 2014
Noticias | Por: Redacción

Partidos políticos se resisten a ser fiscalizados

A pesar de que la Ley de Partidos Políticos establece que estas instituciones deben rendir cuentas  y ser transparentes con sus fondos, los partidos aún se resisten a cumplir el mandato. La  fiscalización y el financiamiento son dos de los temas que dichas entidades guardan con más  recelo, hasta el momento, y a los que presentan poca apertura. No obstante, esta situación puede  cambiar previo a las elecciones municipales y legislativas de 2015.  

El artículo 24 de la Ley de Partidos Políticos (LPP) rige que estos “tienen el deber de facilitar el  acceso a la ciudadanía, mediante medios electrónicos o escritos, sobre aspectos como informes de  financiamiento público y privado, así como otra información de interés para la población”. No  obstante, en una entrevista que Eugenio Chicas, magistrado presidente del Tribunal Supremo  Electoral (TSE), brindó a MedioLleno.sv afirmó que “los partidos políticos han mostrado cierto  recelo para brindar información sobre su financiamiento y cuánto han invertido en realidad en sus  campañas”.

De hecho, los dirigentes de los partidos le pidieron a la Asamblea Legislativa que se les prorrogara  18 meses más para hacer esa información pública, pero ese plazo se venció en este mes y deberán  acatar lo dispuesto en la normativa. Según Chicas, las argumentaciones que expusieron los  partidos en su momento fueron que “debían arreglar todo el papeleo y actualizar la información  que la ley les pide pongan a disposición de los ciudadanos. Así que se les dieron esos 18 meses  para que actualicen la información que les exige la Ley de Partidos Políticos”, sostuvo Chicas.  

El viernes 11 de abril, el TSE aprobó el Reglamento de LPP, por lo que ya se encuentra en la  facultad de fiscalizar las donaciones privadas que reciban los partidos y les obliga a que entreguen un informe detallado de sus cuentas. De acuerdo con el organismo colegiado, el reglamento  detalla que los partidos deben tener un registro de aportes económicos de afiliados, no afiliados, personas jurídicas y de actividades, y entregar “en los primeros tres meses de cada año fiscal, un balance contable debidamente auditado, que identifique de forma detallada las cuentas correspondientes al financiamiento privado ordinario y preelectoral”. 

Esta es una solicitud que diversos sectores han exigido en reiteradas ocasiones tanto a los diputados de la Asamblea Legislativa, dirigentes de partidos políticos como al TSE. Sin embargo, la petición, aunque ya vislumbra algún adelanto, aún presenta muchos atrasos y demoras.

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