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25 Sep 2013
Noticias | Por: Redacción

Más sobre la ley del olvido

Desde marzo de 1993, en El Salvador se aprobó la llamada Ley de Amnistía, la cual permitió exonerar de cargos a los que cometieron asesinatos y violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado salvadoreño. Sin embargo, hasta la fecha se han interpuesto dos demandas de inconstitucionalidad con respecto a dicha ley. Una fue en 2009 y la otra se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El pasado viernes 20 de septiembre, la Sala de lo Constitucional comunicó que había aceptado dos recursos de inconstitucionalidad interpuesta en marzo de este año en contra de la Ley de Amnistía. La solicitud fue hecha por Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), María Silvia Guillén, directora ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el exjuez español Baltasar Garzón. Los demandantes exigen a la Sala que se anule la ley y se juzguen los crímenes.

Para Amnistía Internacional, organismo multinacional que vela por defender los derechos humanos, una ley de amnistía es una normativa que elimina de toda responsabilidad penal sobre delitos cometidos durante un período y territorio determinados. Para el caso de El Salvador, esta legislación ha prohibido la persecución y condena de todos los crímenes cometidos durante el conflicto armado, tanto para autores materiales como intelectuales.

Con la firma de los Acuerdos de Paz, los entonces diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el 20 de marzo de 1993 la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Esta normativa buscaba impulsar y alcanzar la reconciliación nacional. Según su artículo 1, se concedió “amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos y comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte antes del primero de enero de 1992, ya sea que contra dichas personas se hubiere dictado sentencia, iniciado o no procedimiento por los mismos delitos”.

Aplica para “todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en los hechos delictivos antes de enero del año 1992”. Un ejemplo de la absolución fue la liberación de dos militares quienes en 1991 fueron imputados por el asesinato de seis jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras y con la amnistía recuperaron su libertad en 1993, así como secuestros y asesinatos cometidos por la guerrilla, hoy el partido FMLN.

En la aceptación de la demanda, en su comunicado, la Sala de lo Constitucional manifestó que “los demandantes señalan vicios de forma, ya que consideran que la Asamblea Legislativa, al emitir la ley, habría incumplido los requisitos constitucionales del procedimiento legislativo. La Ley de Amnistía contradice los artículos 85 y 135 de la Constitución, ya que la ley no fue discutida, ni estudiada, ni analizada. Lo anterior implica que no se respetaron los requisitos de publicidad, contradicción, libre debate y discusión del procedimiento legislativo y ello afectaría la validez de toda la ley”.

Puntos divergentes sobre la ley

De acuerdo con Julio Fabián, diputado de ARENA, “la ley de amnistía es una ley que goza de toda credibilidad porque ya dio derechos adquiridos, porque ya hay cosas consumadas en dicha ley. Derogar la ley a estas alturas significa derogar todo lo que se creó con la ley. Lejos de derogarla deberíamos tratar de salvaguardarla, más por derechos de país que por individuales. El espíritu por el cual fue creada ha dado muchos frutos y ha culminado en un proceso exitoso. Ha habido errores obviamente, pero al tratar de derogar una ley vamos a salir perjudicados todos”, manifestó el legislador a MedioLleno.

Fabián también aseguró que “todo ser humano tiene derecho a hacer pretensiones, pero intentar eliminar la ley es algo mucho más complejo porque durante el conflicto armado se dieron muchas situaciones. Se puede buscar otro tipo de instancias permanentes para procesar a quienes se quieran procesar”. Admitir una demanda de inconstitucionalidad podría, incluso, afectaría al mismo FMLN, “pues su candidato a la presidencia tendría que ser procesado también, porque él se encuentra en el listado de las personas que fueron absueltas de los cargos”, aseguró el diputado de ARENA.

Por su parte, el diputado Mario Tenorio, legislador de GANA, manifestó que “la Ley de Amnistía sirvió mucho como un instrumento jurídico que permitió que los elementos que participaron en la guerra no fuesen procesados por el cometimiento de presuntos delitos. Se les permitió el perdón y el olvido. Los salvadoreños que veníamos batallando, creímos que la ley iba a servir para terminar de pacificar a la sociedad de El Salvador. No estoy de acuerdo con que se reabran situaciones que se dieron en el pasado, porque esto vendría a sumarse a la situación complicada que tenemos en nuestro país. Ya es suficiente con la situación delincuencial y de violencia que vive el país como para que se estén abriendo heridas que ya estaban superadas”, declaró el diputado.

Además, reafirmó que respeta la decisión de la Sala, pero no está de acuerdo con ella. “La Sala debe ser muy prudente con el análisis de la ley, muy cuidadosa y clara con lo que decida. Los demandantes están en su derecho, por el derecho de acción que poseen. No podemos limitarlos a las personas a que no hagan su denuncia. Ellos han recurrido con algún conocimiento de causa y criterio; sin embargo, lo que se le solicita a la Sala es que le brinden el seguimiento, estudio y análisis preciso a dicha ley, porque lo que menos queremos es que se reabran las heridas que nos costó sanar a todos”, recalcó Tenorio.

Leyes similares en el mundo

En la mayoría de países de América Latina se han aprobado leyes de amnistía adecuadas a los procesos históricos que han vivido sus ciudadanos. Por ejemplo, en España existe esta ley desde octubre de 1977. Asimismo, en el continente americano varios países cuentan con una normativa de este tipo, entre ellos Chile, quien la aprobó en 1978, Brasil, aprobada en 1979, Argentina, quien la aprobó en 1983 pero la declaró inconstitucional en el 2005. Asimismo, México también posee una Ley de Amnistía, la cual fue aprobada en septiembre de 1978 y perdona los delitos cometidos antes de dicha fecha y que hayan pretendido alterar el orden institucional. A nivel centroamericano, aparte de El Salvador, han habilitado este tipo de normativas países como Guatemala, Nicaragua y Honduras. 

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