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12 Jun 2013
Noticias | Por: Redacción

Los últimos despidos políticos en las entidades públicas salvadoreñas

Cada vez que hay elecciones municipales, legislativas o presidenciales se visibilizan dos escenarios para los actores involucrados de manera indirecta en dichas elecciones. Los servidores públicos, o empleados de gobierno como normalmente se les llama, resultan ser los más afectados a la hora de una alternancia, ya sea en autónomas, instituciones estatales o municipalidades.

Según el Código de Trabajo de la República de El Salvador (CT), en su artículo 12, “el Estado velará por el respeto de los principios de igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación, incluyendo el acceso a la formación profesional”. En ese sentido, según este mismo Código, nadie puede impedir el trabajo a los demás a menos que una resolución de autoridad competente afirme lo contrario.

Hasta el momento, El Salvador no cuenta con una normativa que garantice la estabilidad laboral de las personas que se encuentran ejecutando cargos públicos al momento de unas elecciones, sean presidenciales, legislativas o de municipio. Debido a este vacío, muchos profesionales no puedan permanecer en los puestos que han estado desempeñando, lo que provoca inestabilidad y remociones de puestos en algunas entidades del Estado.

El más reciente

Uno de los casos más recientes de este tipo en las entidades estatales fue el de Jaime Portillo, ex trabajador de ANDA, quien afirma se vio obligado a renunciar de su cargo por ser el protagonista del último anuncio publicitario de ARENA. Este caso fue obviado por los medios, pero demuestra las fragilidades que tiene el país en cuanto a garantía de libertad de pensamiento e ideología.

Según Portillo, en declaraciones exclusivas para MedioLleno, su renuncia explica que se dio por “tratar de ganarme un dinero extra”, al formar parte de un comercial político de ARENA. Portillo afirma que el presidente de ANDA Marco Fortín y su equipo cercano le llamaron la atención y lo obligaron a renunciar, pues si el despido directo ocasionaría muchos problemas para la autónoma. “Me incapacité el miércoles (29 de mayo) y ese día en la noche salió el anuncio. Estaba en mi casa y ahí me habló el presidente de ANDA Marco Fortín para reclamarme e insultarme por lo del anuncio. Y le aclaré que eso lo había hecho fuera de mi jornada de trabajo”, dijo.

De acuerdo con Jaime Portillo, el pasado lunes 3 de mayo lo citó también el presidente de ANDA, Marco Antonio Fortín, y le pidió una explicación de sus acciones. No obstante, solo hubo discriminación, humillación e insultos por parte del funcionario público. Ante esto, Portillo se vio obligado a renunciar de la entidad “porque estaba sufriendo de bullying”, recalcó.

 

Ante esta situación, Portillo invita a “denunciar este tipo de actos, porque es la única forma de darse cuenta de cómo son los funcionarios de este país. No hay que tenerles miedo,  hay que denunciarlos”, concluyó. En ese sentido, urge que tanto el Ejecutivo como el Legislativo opten por medidas que aseguren la estabilidad laboral de los ciudadanos y que los cargos que ejercen sean valorados no por su ideología sino por sus aptitudes, conocimientos y buen ejercicio de su cargo.

 

Por su parte, la Oficina de Comunicaciones de ANDA afirmó que “Jaime Portillo no fue despedido, sino que él renunció. Y desde ningún punto de vista se le presionó para ello, pues al parecer tenía otra oferta laboral y decidió tomarla”. Por lo que desmintieron que Portillo hubiera sido víctima de bullying, como él afirmó en sus declaraciones para este medio.

 

 

Otros ejemplos conocidos

Ejemplos de esto hay muchos. Pero entre los más controversiales en la gestión de Mauricio Funes, según La Página, fue el caso del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), suscitado a finales de 2009. En esta institución, alrededor de 20 personas fueron removidas de sus cargos sin causa justificada. Según Ángel Iraheta, técnico de Prensa en ese entonces, al momento de su despido la justificación se limitó a “por decisión ministerial se le notifica que su contrato no será renovado”, afirmó para el mismo periódico. De igual manera, otro caso fue el de la Secretaría de Cultura, donde también hubo despidos de un aproximado de 22 personas.  

A inicios de este año, según Diario El Mundo, el Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (Musyges) denunció el despido de 98 personas en autónomas, alcaldías y ministerios, solo entre el ISSS y CEPA se despidieron a 75 personas.  En septiembre de 2012, la Alcaldía Municipal de Soyapango, una de las más confrontadas en este tema, despidió a 175 empleados. Ante este caso, según Fusades, en abril de 2013 la Sala de lo Constitucional admitió diez demandas de amparo presentadas por directivos sindicales de la Alcaldía de Soyapango.

La medida emitida por la Sala ordenó al Concejo Municipal de Soyapango que mientras durara la tramitación de los procesos de amparo, se abstuviera de separar a los demandantes de sus cargos y les garantizara que siguieran en el desempeño de los mismos.

 

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