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18 Nov 2013
Noticias | Por: Redacción

Los despojos a causa de la Ley de Extinción de Dominio

Los diputados aprobaron con 82 votos la Ley de Extinción de Dominio y de la Administración de Bienes de Origen o Destinación Ilícita. Esta normativa tiene por objeto combatir el crimen el enriquecimiento ilícito e incautar a favor del Estado todo el dinero o bienes adquiridos de forma injustificada. Entre los principales delitos que permitirán la expropiación de bienes están los relacionados al lavado de dinero y el narcotráfico.

Según la Asamblea Legislativa, la nueva normativa cuenta de 106 artículos, entre los cuales se establece que habrá juzgados, tribunales, jueces y cámaras especializadas que conozcan este tipo de casos. Además, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá organizar y conformar la unidad fiscal especializada en extinción de dominio y utilizar todos los medios probatorios de acuerdo a las leyes del país. Entre las creaciones más importantes derivadas de la ley se encuentra la constitución del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB). Este se tratará de “una entidad de derecho público, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía en el ejercicio de sus funciones, tanto en lo técnico, administrativo y ejecución presupuestaria”, aseguraron los legisladores en sus Sesión Plenaria.

De acuerdo con Jackeline Rivera, diputada del FMLN y miembro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, los bienes incautados serán distribuidos a varias instituciones públicas. “La CONAB recibirá el 15 por ciento, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública el 35 por ciento; la Fiscalía General de la República el 35 por ciento, el Ministerio de la Defensa Nacional el 10; y la Procuraduría General de la República (PGR) obtendría el 5 por ciento”.

La aprobación de esta ley fue una de las observaciones hechas por el senador de Estados Unidos, Patrick Leahy, como una tarea pendiente en la mejora del clima jurídico y de inversiones en El Salvador, como una de las justificaciones para la aprobación del FOMILENIO II. Entre los compromisos que adquirió el país con el convenio de Asocio para el Crecimiento con Estados Unidos resalta la “creación de un comité que esté conformado por expertos del gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos para promover la aprobación e implementación de una ley exhaustiva sobre confiscación de activos, así como considerar mejoras a la legislación para el combate al lavado de dinero”.

Ante la aprobación de la ley, el diputado de ARENA, Julio Fabián, manifestó ante el pleno que la legislación es “un instrumento para poder regular aspectos que eran necesarios para enfrentar de manera frontal al crimen organizado y el cual fue apoyado por todas las fracciones legislativas”. Por su parte, el legislador Roberto d’Aubuisson, también de ARENA, agradeció en la Sesión Plenaria por el “trabajo llevado a cabo para que esta normativa fuera aprobada por el Pleno Legislativo a fin atacar las prácticas ilícitas”.

Afectados por la aprobación de la ley

Con la Ley de Extinción de Dominio el Estado podría quitarle los bienes a varios exdiputados y funcionarios públicos que han sido acusados de formar parte del crimen organizado. Entre los casos más conocidos figuran los de William Eliú Martínez y Horacio Ríos, exdiputados suplentes en el año 2000 por el Partido de Acción Nacional (PAN), quienes fueron involucrados con la banda de narcotráfico Cártel de Texis.

Además, siempre relacionados con el Cártel de Texis, la FGR acusó afirmó el pasado mes de septiembre que el alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, y el empresario José Adán Salazar podrían pertenecer al crimen organizado. Asimismo, la Fiscalía detuvo en este mismo operativo a Juan Antonio Ascencio Oliva, exdiputado del PCN En el 2007, las autoridades estadounidenses capturaron al exdiputado pecenista Roberto Silva Pereira por el delito de lavado de dinero y narcotráfico.

Según la Fiscalía, entre de los capturados en el operativo de septiembre de 2013, además de Juan Antonio Ascencio, también resultaron otros tres funcionarios del Estado. Los detenidos fueron Roberto Figueroa Leiva, jefe de Transporte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Santa Tecla; Gerardo Fidel Rivas, defensor público de la PGR, y Francis Cárcamo Álvarez, jefe de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) en Sonsonate.

 

 

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