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9 Oct 2013
Noticias | Por: Redacción

Lo que pueden y no pueden hacer en elecciones los funcionarios públicos

La propaganda electoral ya inició de manera oficial. En los actos de inauguración, que se dieron en distintos puntos del país, estuvieron presentes militantes de los partidos, simpatizantes y hasta diputados de la Asamblea Legislativa. En 2010, el presidente Mauricio Funes prohibió a sus funcionarios participar en este tipo de eventos. Sin embargo, en septiembre de este año afirmó que sí pueden hacerlo pero en horas fuera de sus jornadas laborales. No obstante, normativas como la Constitución de la República y el Código Electoral prohíben a los empleados públicos hacer cualquier tipo de propaganda.

En su artículo 72, la Constitución de la República establece que “los derechos políticos de los ciudadanos son ejercer el sufragio, asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos, optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determinan la Constitución y las leyes secundarias”. Por el contrario, el artículo 82 de la misma advierte que “los ministros de cualquier culto religioso, los miembros en servicio activo de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil no podrán pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de elección popular. Tampoco podrán realizar propaganda política en ninguna forma”.

Asimismo, la Constitución establece, en su artículo 218, que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalecerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley”.

Flexibilidad para participar en la política

En el mes de septiembre, el presidente Funes firmó el Decreto Legislativo 181, el cual autoriza a los funcionarios públicos a participar en actividades proselitistas. “Los funcionarios públicos podrán participar en actividades relacionadas con la política partidista de cualquier partido o coalición, siempre que su desarrollo no interfiera con la eficiencia de la función pública que desempeñen y se participe fuera del horario de labores”, afirma el Decreto. Además, la normativa agrega que no se permite la utilización de recursos públicos asignados para llevar a cabo su labor dentro de la administración pública y, también, que no se recurra a la práctica de ninguna forma de presión para intimar a personas jerárquicamente bajo el mando del funcionario.

El artículo 227 del Código Electoral (CE) rige que ningún funcionario o empleado público “podrá ser despedido o desmejorado en sus condiciones de trabajo por su participación en política partidista. Quien infrinja lo anterior será sancionado con una multa de 114.29 a mil 142.86 dólares y la restitución inmediata en su cargo al funcionario o empleado agraviado”. El artículo 228 prohíbe el uso de vehículos oficiales en propaganda electoral. Tampoco podrá hacerse propaganda en oficinas públicas, según lo establecido en el artículo 231 del CE.

No obstante, a través de un comunicado, Funes aseguró que “existen actividades de política partidaria que no se encuentran fuera de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico para este tipo de prácticas, sino que se enmarcan dentro de los derechos de libertad de expresión, pensamiento y asociación, contemplados en la Constitución”. Es por ello que no se puede prohibir la participación de los empleados públicos en los actos proselitistas.

Lo que pueden y no pueden hacer

La ley y el ejecutivo han establecido que es prohibido hacer propaganda en horas laborales. Pero no se prohíbe tener simpatía por algún candidato o institución política. Por ejemplo, todo empleado es libre de pertenecer a un partido político, adscribirse y participar en sus actividades. Sin embargo, un diputado, ministro, viceministro, recepcionista, personal de limpieza o de seguridad pueden hacerlo en horas fueras de sus jornadas laborales. Es decir, normalmente el horario laboral de estos empleados es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., por lo tanto, pueden participar de estos actos antes o después de ese horario.

No obstante, para algunos funcionarios sí está prohibido declarar abiertamente el apoyo a un partido político o candidato a elecciones presidenciales, legislativas o municipales. Por ejemplo, la Constitución advierte que el fiscal general de la república, el procurador de derechos humanos y los magistrados de las salas de la Corte Suprema de Justicia no deben pertenecer a partidos políticos ni haber participado en elecciones populares con algún distintivo de este tipo.

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