Noticias

8 Sep 2015
Noticias | Por: Redacción

Lo que podría tardar en conformar una CICI en El Salvador

En Guatemala tardó un aproximado de cinco años en conformar una Comisión contra la Impunidad. A la fecha, como resultado de las investigaciones, Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, exvicepresidenta y expresidente guatemaltecos, renunciaron a sus cargos.

El gobierno salvadoreño y muchos políticos del país han expresado su resistencia a la posible creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad como la que actualmente se practica en Guatemala y que se contempla también en Honduras. Más allá de una simple sugerencia establecida en acuerdos internacionales, esta iniciativa pretende fortalecer la institucionalidad de los Estados y luchar contra la impunidad y los procesos corruptos o viciados.

Según Naciones Unidas, una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICI) “funciona como una fiscalía internacional destinada a reforzar y mejorar el accionar de la institucionalidad de un país y su sistema judicial en los cuales, al momento de su creación, impera la impunidad entre el 96 y 98 por ciento de los casos de delito contra la vida”. En concreto, busca erradicar “los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que operan en los países”. En el caso guatemalteco, la CICIG acompaña la investigación penal del delito, actúa como querellante adhesivo (es decir, puede ejercer la persecución penal o adherirse a la iniciada por el Ministerio Público en el caso de delitos presuntamente cometidos por miembros de estructuras criminales) y denuncia en el ámbito administrativo a los funcionarios públicos que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el mandato de la Comisión. Además, se interesa en los procedimientos disciplinarios iniciados contra los responsables y está facultada para garantizar confidencialidad a las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores.

(Guatemala hace historia)

Este tipo de comisiones es posible gracias a que desde el 2002 se creó la Corte Penal Internacional, que tiene como competencia “investigar y juzgar crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra cuando las autoridades nacionales pertinentes  no tengan capacidad o voluntad para hacerlo. Por tanto, la Corte vela por que los Estados miembros cumplan la obligación primordial de investigar y juzgar los delitos que sucedan”. De hecho, el organismo señala que “sin una Corte Penal Internacional que trate la responsabilidad individual en los actos de genocidio y las violaciones graves de derechos humanos, estos delitos quedan a menudo impunes. En los últimos 50 años, ha habido muchos casos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en los que ningún individuo ha sido castigado: Camboya, Mozambique, Liberia, El Salvador, Argelia, la región de los Grandes Lagos de África, entre otros países”, asegura la ONU.

En el caso de Guatemala, a principios de 2003, el gobierno pidió asistencia al Departamento de Asuntos Políticos (DAP) de las Naciones Unidas a fin de desarrollar un mecanismo que ayudara al Estado a investigar y enjuiciar a sus miembros. Después de debates y una misión de exploración técnica, se firmó un acuerdo el 7 de enero de 2004, el cual contenía disposiciones para la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Sin embargo, el acuerdo propuesto generó amplia controversia en Guatemala y enfrentó una fuerte oposición en el Congreso.ciciinfo

Finalmente, se solicitó la opinión a la Corte de Constitucionalidad sobre varios puntos, y el fallo fue que ciertas partes del acuerdo violaban la delegación constitucional exclusiva de poder el Ministerio Publico. El Gobierno de Guatemala reescribió el texto para eliminar todas las cuestiones inconstitucionales planteadas por la Corte y se acercó de nuevo al Departamento de Asuntos Políticos a finales de 2005 con una petición para negociar el establecimiento de una comisión con un mandato revisado y un nuevo escrito, el cual fue entregado el 31 de mayo de 2006. Fue así como el 12 de diciembre de 2006 se firmó el acuerdo que dio origen a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ratificado por el Congreso el 1 de agosto de 2007 y entró en vigor el 4 de septiembre de ese mismo año.

“No a la corrupción” y “pedimos seguridad” fueron unas de las muchas peticiones que los asistentes a la concentración pidieron para tener un mejor país.

Posted by MEDIOLLENO on Sábado, 5 de septiembre de 2015

Las posturas en El Salvador

Grupos de la sociedad civil y algunos políticos, sobre todo del partido Arena, han asegurado que en El Salvador es urgente crear una comisión similar a la guatemalteca, debido a algunas anomalías surgidas en la función pública, como El Chaparral, el bulevar Monseñor Romero, el caso Rhessa-Guillermo Maza, entre otros. No obstante, en especial dirigentes del FMLN, otros se han opuesto a la creación de una entidad de este tipo, bajo el argumento de que El Salvador tiene más dependencia e institucionalidad que Guatemala.

La presidenta de la Asamblea Legislativa y diputada por el FMLN, Lorena Peña, aseguró en la entrevista Frente a Frente que no es necesario echar andar una entidad como tal en el país y que no se necesita el involucramiento extranjero. “Traer intromisión extranjera en asuntos tan delicados como la administración de justicia no es lo más adecuado, porque nosotros tenemos instituciones fuertes surgidas de los Acuerdos de Paz. Por ejemplo, la CICIG no ha parado el narcotráfico, la guerra interna, ni la corrupción en Guatemala”, aseguró la legisladora.

En opinión contraria se encuentra el partido Arena, cuyos representantes han asegurado que es urgente crear una CICI en El Salvador, pese a que en 2009 el entonces candidato presidencial por Arena y ahora diputado, Rodrigo Ávila, asegurara que crear un mecanismo de este tipo sería “es el circo más grande que va a existir en Latinoamérica”, ahora su partido político apoyar la implementación de dicha comisión.

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