Noticias

17 Jul 2013
Noticias | Por: Redacción

Ley coarta libertad de expresión a periodistas y medios de comunicación

La nueva normativa establece que el derecho de rectificación y respuesta está protegido por la ley y la Constitución de la República. Se ejercerá por medio de una petición escrita dirigida al medio de comunicación responsable de la publicación o difusión, a través del gerente, director editorial, jefe de redacción o su equivalente. De no acatar el fallo del juez designado, los responsables de los medios de comunicación deberán ser procesados por el caso de “desobediencia”, contemplada en el Código Penal.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el pasado jueves 11 de julio la Ley para el Ejercicio del Derecho de Rectificación y Respuesta. Esta tiene por objetivo, según el artículo 1, “regular el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta como protección de los derechos del honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en concordancia con el irrestricto derecho de la libertad de expresión y de información”.

La ley consta de 25 artículos y en su artículo 4 establece que “puede ejercer este derecho toda persona natural o jurídica que se considere perjudicada por una información publicada o difundida en cualquier clase de medio de comunicación, incluyendo las provenientes de terceros o por espacios de campos pagados en los términos establecidos por la ley”. No obstante, en ningún artículo se deja claro cuáles serán los parámetros para medir la ofensa o perjuicio que se expongan contra los periodistas o medios de comunicación.

Ante esta dificultad, el Departamento de Estudios Legales (DEL) de FUSADES, afirmó que “es necesario que los jueces que resuelvan las peticiones cumplan con un adecuado deber de motivación, con base en el ordenamiento legal, a efecto de crear los criterios jurisprudenciales correctos que permitan conocer las condiciones y criterios para su ejercicio. Es importante que las sanciones no sean desproporcionadas e inequitativas”, sostuvo la institución.

Según la Asamblea, el diputado Douglas Avilés, expresó que “debe quedar claro que bajo ningún punto de vista la normativa va en contraposición a la libre expresión. No atropella bajo ningún punto la labor que realizan los medios de comunicación colectiva en el país”, recalcó el legislador. Mientras que Mario Valiente, diputado de ARENA, explicó que la Ley “generará un balance para fortalecer la libertad de expresión en nuestro país, puesto que viene a darle al ciudadano el derecho a que se respete su integridad y su imagen”, puntualizó.

Mientras que La Prensa Gráfica (LPG) destaca que el legislador del FMLN, Jaime Valdez, dejó claro que “la norma no lleva acción penal alguna. En ningún momento estamos hablando de cárcel para los medios de comunicación. Lo que se establece es el derecho a rectificar cualquier afirmación que no sea cierta o apegada a la realidad”.

Sin embargo, la Ley establece, desde el artículo 12 hasta el 18, que se ejercerá una acción procesal si el medio de comunicación no cumple con el derecho de rectificación y respuesta y se regirá por lo dictado en el Código Penal de El Salvador. De acuerdo con el artículo 338 de dicho código, “el que desobedeciera una orden dictada conforme a la ley y emana de un funcionario o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de uno a tres años”. Por lo que si se desacata lo decidido por los jueces, los medios de comunicación e incluso los periodistas podrían ser procesados por el delito de desobediencia. 

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