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4 Dic 2013
Noticias | Por: Redacción

Las atribuciones de la Corte de Cuentas son…y no son…

La Constitución de la República y la Ley de la Corte de Cuentas establecen que la principal función de esta entidad es la de fiscalizar la Hacienda Pública y la ejecución del presupuesto general de la nación y la gestión económica de las entidades públicas y autónomas. Su principal rol es la de fungir como vigilante de la adecuada ejecución de los fondos públicos y la administración transparente de los mismos. Sin embargo, en las últimas semanas ha dado saltos a otras atribuciones que no son de su competencia, como solicitar la nulidad de las concesiones hechas por la SIGET a LaGeo y el caso CEL-Enel.

De acuerdo con sus funciones, la misma Corte de Cuentas de la República (CCR) se define como “un organismo independiente del Órgano Ejecutivo, cuya misión constitucional es fiscalizar la Hacienda Pública general y la ejecución del presupuesto en particular. En consecuencia, es, por mandato legal, el organismo rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública”.

Asimismo, según la entrada en vigencia de su propia ley el 4 de octubre de 1995, “se instauró el ejercicio de la auditoría gubernamental, a través de la cual la Corte examina y evalúa en todas las entidades y organismos del sector público aspectos como las transacciones, registros, informes y estados financieros”. Además, se encarga de velar por la legalidad de dichas transacciones y el control interno financiero, así como la planificación, organización, ejecución y control interno administrativo. Pero también se encarga de evaluar la eficiencia, efectividad y economía en el uso de recursos humanos, ambientales, materiales, financieros y tecnológicos.

Atribuciones de la Corte según la ley

Tanto el artículo 195 de la Constitución como el artículo 5 de la Ley de Corte de Cuentas establecen las funciones que debe desempeñar la institución. Entre los principales roles del ente contralor están:

–       Vigilar la recaudación, custodia, compromiso y erogación de los fondos públicos; así como la liquidación de impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones.

–       Aprobar toda salida de fondos del Tesoro Público, de acuerdo con el presupuesto e intervenir en todo acto que afecte al Tesoro Público o al Patrimonio del Estado y refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública.

–       Vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos y conocer los juicios que en lugar a dichas cuentas.

–       Fiscalizar la gestión económica de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que costeen fondos del Erario Público o que reciban subvención o subsidio del mismo.

–       Informar por escrito al presidente de la República, a la Asamblea Legislativa y a los respectivos superiores jerárquicos de las irregularidades relevantes comprobadas a cualquier funcionario o empleado público en el manejo de bienes y fondos sujetos a fiscalización.

–       Velar porque se hagan efectivas las deudas a favor del Estado y municipios.

Se atribuye funciones que no le competen

El pasado miércoles 27 de noviembre, el presidente del ente contralor, Rosalío Tóchez Zavaleta, afirmó que solicitaría la nulidad de pleno derecho de las concesiones otorgadas por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) a entidades privadas. El funcionario aseguró en conferencia de prensa que “la nulidad de la explotación de los campos geotérmicos es un hecho si el fiscal general de la República pide su nulidad por medio de un proceso contencioso administrativo”. En el mismo evento, Tóchez recalcó a los periodistas que “en nombre de la República y de Dios que estoy cerca de anular ese contrato amañado”, en referencia al convenio entre CEL y Enel Green Power

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