Noticias

18 Jun 2014
Noticias | Por: Redacción

Instituciones públicas sin revelar índices de información reservada

La mayoría de las entidades gubernamentales no actualizan dicho índice desde el año 2012, en algunas, incluso, no aparece el índice de ningún año desde que se aprobó la LAIP.

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) faculta a la ciudadanía para conocer información de carácter pública. Sin embargo, también respalda a las instituciones del Estado a mantener cierto índice de información conocida como confidencial y reservada. Esta última debe quedar clara para cada institución, no obstante, muchas entidades no han actualizado dicho dato y en otras ni siquiera aparecen los índices y el tipo de información catalogada como reservada.

El artículo 6 de la LAIP establece que la información reservada “es aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con la ley, en razón de un interés durante un período determinado y por causas justificadas”. Sin embargo, el artículo 19 de la misma ley rige cuál es aquella información que de carácter definido se entiende como reservada, entre ella destacan los planes militares secretos, estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales, lo que ponga en peligro la vida, seguridad o salud de una persona, entre otros.

A pesar de que el contenido de este tipo de información no puede ser divulgado por las instituciones públicas, estas están obligadas a brindar, por todos los medios posibles, el índice de dicha información. El artículo 22 de la Ley afirma que “las Unidades de Acceso a la Información Pública (UAIP) elaborarán semestralmente y por rubros temáticos un índice de información clasificada como reservada. (…) En ningún caso el índice será considerado como información reservada por lo el mismo deberá ser publicado por la institución”, concluye este artículo. Además, la ley agrega que le corresponde al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) llevar un registro centralizado de los índices y deberá ponerlo a disposición de los ciudadanos.

A más de dos años de haber entrado en vigencia la ley, las entidades públicas aún incumplen la normativa, pues la mayoría mantiene desactualizada o sin la respectiva sección de Transparencia o LAIP. Tal es el caso de instituciones como la Asamblea Legislativa, que no dispone de un apartado para el Índice de Información Reservada. Mientras que instituciones como Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Corte Suprema de Justicia no han actualizado dicha información desde el año 2012.

Todas las instituciones deben justificar la reserva

La ley rige que aquella información reservada debe justificarse y estar bien argumentada. Las dos causales más importantes para clasificarse como tal son “que la liberación de la información pudiera amenazar efectivamente el interés jurídicamente protegido”. La otra es “que el daño pudiera producirse con la liberación de la información fuere mayor que el interés público por conocer la información en referencia”, sostiene el artículo 21 de la LAIP.

Cuando una información sea declarada reservada, la resolución que la avale deberá contener los siguientes datos:

a)      Órgano, ente o fuente que produjo la información.

b)      La fecha o el evento establecido.

c)       La autoridad que adoptó la decisión de reservar la información.

d)      Las personas o instancias autorizadas a acceder a esa información, preservando el carácter confidencial, en caso de que las hubiere.

e)      Las partes de información que son sometidas a confidencialidad o reserva y las que están disponibles para acceso al público. 

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