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20 Mar 2017
Noticias | Por: Redacción

Gobierno del FMLN propone nuevos impuestos, pero quita subsidios ¿será que cumple sus promesas?

En 2016, el presidente de la República Salvador Sánchez Cerén anunció que seguirían las medidas de austeridad del Gobierno de Mauricio Funes, aún se congelarían y recortarían todas las plazas y gastos en las oficinas públicas; sin embargo, actualmente ofrece más de 700 plazas, propone crear nuevos impuestos, pide créditos y omite el pago a alcaldías para fomentar el desarrollo comunal.

Para el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, estas medidas de austeridad son solamente para generar ahorro y que todos los gastos sean racionados, y los menos posibles. Mientras que, el Secretario de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo que estas medidas de “ahorro” no afectarían a los programas sociales, ni tampoco los programas de educación, seguridad o desarrollo social.

No obstante, en 2016 inició la reducción del subsidio para la energía eléctrica, donde solamente se “depuró” la base para los que lo recibían. Antes, eran beneficiados todos aquellos con un consumo abajo de 200 KWh, luego, era solo para los que gastaban 99 KWh. Ya no es posible que un negocio o personas que tienen más de una casa o inmueble tengan acceso a este beneficio, según establecieron las autoridades de economía. En el último recorte fueron eliminados más de un millón de hogares salvadoreños.

Además, el Gobierno de El Salvador debe $45 millones a 262 alcaldías del país en concepto de FODES; la ley establece que el Estado debe destinar $29.1 millones de dólares para pagar esta deuda. Al respecto, los diputados de la Asamblea Legislativa emitieron un recomendable a Cáceres, donde se le obliga a cancelar la deuda de marzo a más tardar el 15 de abril.

El gobierno central tiene atrasos en el FODES desde junio del año 2016, situación que no mejora a pesar de las continuas promesas de Cáceres, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz y el presidente Sánchez Cerén. “Esta situación coyuntural no debió haber golpeado al FODES. Debemos trabajar para que no vuelva a suceder. Una disculpa a los alcaldes (por retraso del FODES), ya no volverá a suceder”, prometió Ortiz en febrero del 2017.

Así mismo, Sánchez Cerén anunció que, para obtener más ingresos, se propondría crear un nuevo impuesto a “las propiedades inmobiliarias suntuarias, grandes propiedades que están en la playa”, según indicó el mandatario del FMLN.

Hasta el momento, en la base legal no hay artículo en la ley que especifique o determine lo que es “una propiedad inmobiliaria suntuaria” o qué es lo que la diferencia de una de “necesidad”. Por su parte, ARENA y GANA dijeron que no apoyarían iniciativas que incluyeran incrementar o crear nuevos impuestos para la población salvadoreña.

Sánchez Cerén opina que su gobierno no obtiene el suficiente dinero de los impuestos para lograr cancelar todas sus deudas, ya que hay más de $1 mil millones de dólares que se evaden. Así mismo, Cáceres dijo “que se revise el subsidio al transporte, porque creo que ese dinero tendría mejor uso en otros destinos”; de acuerdo a esto, los transportistas ya no tendrían más opción que subir la tarifa de los buses y microbuses.

Al final, serían los salvadoreños los que terminarían asumiendo la “falta de efectivo” del Gobierno del FMLN. El presidente del Sector Unido de Transportistas (SUTRANS), René Velasco, indicó: “nosotros, como mesa, lo que estamos diciendo es que si alguna de esas dos cosas ocurre, obviamente no vamos a tener otra alternativa que hacer una evaluación exhaustiva y ver cuál es la decisión a tomar, porque lo que casi es seguro es que la tarifa tendría que variar”.

A pesar de todo, el Gobierno del profesor Sánchez Cerén ha solicitado en las últimas semanas créditos por $22.6 millones de dólares. Estos fondos irían destinados a rehabilitar jóvenes en conflicto con la ley, es decir, para regenerar delincuentes; así como, para mejorar la educación en 12 departamentos. Serían $6.1 millones destinados para el “Programa de Prevención y de Rehabilitación de Jóvenes en Riesgo y de Conflicto con la Ley”; y serían $16.5 millones a la “Ampliación de Oferta Educativa de Educación Media para Mejorar la Productividad en 12 Departamentos del País”, detalló el Órgano Ejecutivo en la propuesta presentada a la Asamblea Legislativa.

Por otro lado, desde inicios de marzo, el Estado ofrece más de 725 plazas para once diferentes instituciones; entre las que destacan el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), la Dirección General de Medicamentos (DNM) e, inclusive, el Ministerio de Hacienda (MH), entre muchas otras. Entre estos nuevos puestos, el Gobierno se gastarían un aproximado de $953 mil 142.88.

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