Noticias

29 Abr 2014
Noticias | Por: Redacción

Gobierno aún se resiste a hacer pública su información

En mayo de este año, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) cumplirá su tercer año de haber sido aprobada. Sin embargo, las entidades gubernamentales todavía se niegan a brindar la información pública que deben conocer los ciudadanos salvadoreños.

Entre la información que más cuesta conocerse están los viajes oficiales, los asesores, presupuestos, correos electrónicos de funcionarios de alto rango e información sobre contrataciones y adquisiciones. 

De acuerdo con la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), “el tiempo transcurrido desde la aprobación de la LAIP ha mostrado que el cambio de una cultura del secretismo a una cultura de transparencia no es fácil. Esta ley se ha encontrado con la resistencia de varios funcionarios que en la práctica hacen todo lo posible por no adoptar la transparencia como un principio rector de sus labores”. 

Para esta Fundación, “algunos no divulgan de oficio la información que la ley les obliga; invocan supuestas violaciones constitucionales o simplemente no entregan la información. Asimismo, diversas instituciones públicas se han negado a cumplir las medidas, como la Asamblea Legislativa, que se negó a publicar su lista de asesores, y la Fuerza Armada, que tampoco ha querido proporcionar información sobre operativos militares realizados en el pasado, aduciendo su inexistencia”, asegura Fusades. 

De igual manera, la institución trae a cuenta que otras entidades también se han negado a brindar información que los salvadoreños están en su derecho de conocer. “La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se negó a dar información pública contenida en los correos electrónicos de dos exfuncionarios de dicha institución. Esta información es de carácter público porque es una herramienta de envío, recepción y almacenamiento de comunicación de funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones”, agrega. 

Así, Fusades sugiere que para avanzar en la transparencia del quehacer público, es necesario avanzar “en la construcción de una cultura nacional de transparencia y rendición de cuentas, en la que prive la contraloría social sobre la resistencia por parte de algunos funcionarios públicos que se aferran a la antigua manera secreta de hacer las cosas”, concluye la Fundación. 

 

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