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6 Dic 2016
Noticias | Por: Redacción

Fiscalía le puede dar cinco años de cárcel a Flores Sosa

 

Luego que en 2015 se abriera un juicio civil en contra del ex director del ISSS y ex miembro del movimiento político “Amigos de Mauricio”, Leonel Flores Sosa, se siguió un proceso dentro de la Cámara Segunda de lo Civil de la CSJ para determinar si se habría enriquecido ilícitamente. Este lunes 05 de diciembre, él y su esposa Karina de Flores fueron hallados culpables del delito de enriquecimiento ilícito, por lo que deben devolver al Estado el dinero que no pudieron justificar.

La Ley de Enriquecimiento Ilícito en su artículo 7 establece que “se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa”.

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Actualmente, Flores Sosa y su esposa deben devolver al país un aproximado de $812 mil 742 dólares y el ex funcionario del ISSS no podrá ejercer cualquier cargo público durante 10 años, esto según lo establece el art. 21 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito.

En el art. 25 dice que todos los funcionarios y autoridades, así como todos los habitantes de El Salvador deberán obedecer a la CSJ y al Tribunal que dicte la sentencia; de lo contrario, “incurrirán en las responsabilidades correspondientes”. Así mismo, las autoridades anunciaron que mandarían las pruebas a las diferentes instituciones y Flores Sosa, con su esposa, se enfrentarían a consecuencias jurídicas.

Ahora será trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) evaluar todas las pruebas de enriquecimiento ilícito que le de la Cámara Civil para determinar si merece, o no, una pena en cárcel de tres a diez años, de acuerdo al Código Penal.

El art. 333 del Código indica: “el funcionario, autoridad pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años. En todo caso, se impondrá inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o empleo por el mismo tiempo”.

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“Una condena de este tipo, sin parte ofendida, sin alguna institución del Estado que me acuse o que demuestre que este servidor se aprovechó de ella, sin haberme encontrado propiedades, bienes suntuosos, cuentas millonarias en el extranjero o en paraísos fiscales y sin ninguna otra demostración de culpabilidad viene a destruir la confianza en el sistema de justicia en el país”, defendió Flores Sosa su inocencia en un comunicado de prensa. Además, el ex director del ISSS anunció que apelará la decisión de la Cámara.

Luego, Flores Sosa agregó: “ante un proceso viciado no me queda más que pedir una apelación y esperar que no hayan fuerzas externas que persiguen réditos políticos sin razón. No le he fallado a nadie durante mi gestión en el ISSS pero por ahora va ganando la condena mediática y política. Esperamos que la verdadera justicia llegue en mi caso. Que quede claro, hay un fallo lleno de odio, premeditación y venganza. Un fallo en un proceso huérfano pues la pregunta más importante que no han podido contestar es: ¿A dónde está el faltante de la hacienda pública?”

Por otro lado, la Ley de Enriquecimiento invita que “todo ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos podrá denunciar ante la Corte Suprema de Justicia, a cualquier funcionario o empleado público, contra quien tenga pruebas o sospechas fundadas de haberse enriquecido ilegítimamente a costa de la Hacienda Pública o Mun

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