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12 Feb 2013
Noticias | Por: Redacción

Funes veta reforma a LAIP

Según información emitada hoy por El Diario de Hoy y diferentes medios de comunicación confirman que el presidente de la República vetó hoy las modificaciones que diputados hicieron a la Ley de Acceso a la Información Pública la madrugada del pasado 6 de febrero en la Asamblea Legislativa. Ante esta situación  diferentes grupos de la  sociedad civil salvadoreña ejercieron presión y pidieron transparencia al Ejecutivo para que esta ley fuera vetada.

 

Por otro lado Transparencia Activa aseguró que la decisión del mandatario radica, principalmente, porque las reformas limitan al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ejercer control de la aplicación de la ley. Funes dijo: “Dichas reformas no son convenientes para los avances que se han logrado en cuanto al derecho a la información pública y su entrada en vigencia significaría un enorme retroceso de lo logrado por este Gobierno en cuanto a la creación de mecanismos contundentes que permitan a la población vigilar y la transparencia con la que se ha venido actuando”, reza parte del razonamiento del veto presidencial.

 

DOCUMENTO VETO

                       

Te mostramos el ABC de la reforma a la LAIP

 

En el Salón Azul, ya entrada la noche del jueves 7 y la madrugada del viernes 8 de febrero, ese espacio donde los ánimos se encuentran desgastados, la voluntad minimizada y mientras la mayoría de la prensa duerme el sueño de los justos; los diputados salvadoreños aprovecharon para ejecutar la reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), tal como sucedió en 2011 con el decreto 743 esperaron la madrugada.

 

Dicha Ley se aprobó el 2 de diciembre de 2010, como lo asegura la Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo, y posteriormente el 8 de mayo de 2012 se logró su implementación, hasta que la semana pasada se reformara a través de una pieza de correspondencia ingresada por el FMLN.  

 

Las bancadas de los partidos políticos FMLN, GANA y PCN aprobaron las reformas con 46 votos a favor, 27 en contra y 0 abstenciones.

 

Para ejecutar las modificaciones a la LAIP, el partido FMLN introdujo el 6 de febrero una pieza de correspondencia en la cual se expuso la “necesidad” de realizarle las reformas a la ley. La pieza expresa que “la experiencia en la aplicación de la LAIP ha demostrado que, a pesar de ser una ley aceptable, es necesario introducirle algunos ajustes y correcciones en materia de los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información pública”.

 

¿Cuáles son las modificaciones a la LAIP?

 

De acuerdo a la pieza legislativa introducida por el FMLN, una vez ejecutada se modificaron reformas a los artículos 19, 75, 76 y 96. A continuación detallamos las reformas, de acuerdo a un informe compilado por el portal Transparencia Activa:

 

1. Introducción de dos literales al artículo 19 de la LAIP:

Art. 19 “Es información reservada”

 

“La que ponga en peligro las actividades o acciones de la Inteligencia del Estado realizadas por la OIE”.

 

“La información y actividades relacionadas con el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones” y “todas las actividades relacionadas con la Seguridad Presidencial”.

 

2. Introducción de dos literales del artículo 53 de la LAIP:

Art. 53 “Los comisionados propietarios y suplentes serán electos de ternas propuestas así:”

 

“En caso que el Titular de la entidad convocante se percate que alguno o algunos de los candidatos no cumplieron con los requisitos legalmente establecidos, resultaren incompatibles con el cargo según la Ley, o resultare que las ternas no se encontraren completas por cualquier motivo, tendrá la facultad de regresar las ternas enviadas y realizar lo establecido en el inciso siguiente.

 

Las convocatorias deberán realizarse únicamente por dos ocasiones y en caso no se cumpliere en la segunda fecha con el quórum necesario para realizar la elección, el titular de la entidad convocante deberá elegir dentro de los candidatos inscritos la terna que se enviará al Presidente de la República. En todo caso, deberá enviarse la terna completa al Presidente de la República para que éste realice la elección de la cual trata el presente artículo”.

 

3. Reforma completa del artículo 75 de la LAIP, sobre la falta de respuesta a solicitudes.

 

Artículo anterior:

 

La falta de respuesta a una solicitud de información en el plazo establecido habilitará al solicitante para acudir ante el Instituto, dentro de los quince días hábiles siguientes, para que éste determine si la información solicitada es o no reservada o confidencial en un plazo de diez días hábiles. Si la información es de acceso público, el Instituto ordenará conceder el acceso de la misma al interesado. De cerciorarse que hay indicios de una conducta infractora, iniciará el proceso correspondiente.

 

El ente obligado deberá dar acceso a la información solicitada en un periodo no mayor a tres días hábiles después de recibir la resolución del Instituto.

 

De persistir la negativa de entrega de la información, el interesado podrá denunciar el hecho ante el Instituto para efectos consiguientes.

 

Artículo reformado:

 

“La falta de respuesta a una solicitud de información en el plazo establecido habilitará al solicitante para acudir ante el Instituto, dentro de los quince días hábiles siguientes de vencido el plazo respectivo. El Instituto pedirá un informe al ente obligado y si de dicho informe el ente obligado manifiesta que es de carácter público, ordenará su entrega y será sujeto a las sanciones correspondientes.

 

En caso que el ente obligado notificare la existencia de una declaratoria de reserva, el Instituto después de verificada la argumentación de dicha declaratoria podrá confirmarla. En caso de no compartir los criterios establecidos en la declaratoria de reserva o confidencialidad recomendara al ente obligado dar acceso a la información que pudiera ser pública respecto de dicho documento, debiendo informar al interesado en un período no mayor a tres días hábiles. En cualquier caso se deberá velar por la protección de la información que fuere clasificada como reservada”.

 

4. Sustitución de literales del artículo 76 de la LAIP, son infracciones graves.

 

Antiguos literales

 

c) No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por un Oficial de Información.

d) Proporcionar parcialmente o de manera ininteligible la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto.

 

Nuevos literales

 

c) No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto siempre y cuando no sea considerada como información reservada, atendiendo a lo dispuesto en el artículo anterior.

d) Proporcionar parcialmente o de manera ininteligible la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto, siempre y cuando no sea considerada como información reservada, atendiendo lo dispuesto en el artículo anterior.

 

5. Incorporación de inciso final al artículo 96 a la LAIP.

 

“Para el caso de la información reservada, el Instituto únicamente podrá resolver en el sentido establecido en el art. 75 de la presente ley”.

 

¿Qué significan todos estos tecnicismos?

De acuerdo a la postura institucional de la Iniciativa Social para la Democracia ISD, una de las instituciones que trabajó para la implementación de la LAIP, dichas reformas pretenden, “proteger a los funcionarios públicos, al incluir el concepto de seguridad presidencial que se extiende a los ex Presidentes y a cualquier funcionario que el Presidente así lo estime; con lo cual cualquier acto de corrupción puede ser protegido, vulnerando las obligaciones constitucionales de los funcionarios públicos”.

 

También sostiene que se ataca la esencia de la ley porque se “limita indebidamente y deja a la discreción del funcionario determinar qué información brinda o no, pudiendo recurrir al mecanismo de la declaratoria de reserva sobre cualquier tipo de información. Se violan principios constitucionales tales como el que la persona humana es el origen y fin de la actividad del Estado, la garantía y protección de los derechos, así como los derechos de libertad de expresión y derecho de petición y respuesta”.

 

 

Postura similar maneja Claudia Umaña de la Fundación Derecho Transparencia y Justicia (DTJ), quien manifestó a MedioLleno que dicha reforma “tiene como meollo la incapacidad de los funcionarios públicos, en este caso los diputados, de transparentar el asunto gubernamental y por tanto decidir qué información se va a dar y cuál no por medio de criterios que el mismo oficial va definir. Con esa modificación, si el Presidente la sanciona, la LAIP estaría perdiendo su misma razón de ser, la información oficiosa, podría ser declarada confidencial en base a argumentos políticos,” indicó la académica.     

Ante dicha reforma de la LAIP, diferentes movimientos sociales se han reunido en torno a un esfuerzo común que busca el veto del presidente Mauricio Funes, a través del HT: #PresidenteVETE. Por su parte Marcos Rodríguez, Director de la Subsecretaría de Transparencia y Anti-corrupción, a través de su cuenta de twitter aseguró que por el momento “no tengo ninguna declaración que dar. Por ahora prefiero no hacerlo”.

 

 

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