Noticias

13 Jun 2014
Noticias | Por: Redacción

Ejecutivo intenta limar asperezas con privados

El sector privado ha rechazado el paquete de reformas fiscales presentado por Hacienda, por lo que el presidente de la República está intentando negociar con los representantes empresariales

La última propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda sobre reformar la recaudación fiscal ha despertado muchas reacciones de diversos grupos, sobre todo de los empresariales y analistas. La mayoría se ha expresado en contra de dichas reformas porque alegan que los más afectados serán los ciudadanos, no obstante, una minoría afirma que el gravar nuevos impuesto no repercutirá a la mayoría de los consumidores, sino a las grandes empresas y a los grupos con gran capacidad adquisitiva. El presidente de la República ya inició negociaciones con los sectores empresariales para llegar a un acuerdo.

A mediados de mayo, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, presentó a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas fiscales que ayudaría a mejorar la recaudación fiscal que ha tenido hasta el momento el Estado. Sin embargo, las principales gremiales empresariales del país no vieron con buenos ojos esta iniciativa. Ante esto, según Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), afirmó en la entrevista Frente a Frente, el pasado 10 de junio, que “con la creación de nuevos impuestos o el aumento de los mismos se reduce la posibilidad de crecimiento económico”.

Por su parte, la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco) aseguró a través de un comunicado publicado en su página que esta propuesta “podría encarecer el precio de los productos al consumidor final”. Para esta gremial, “los nuevos impuestos podrían desmotivar a las familias que buscan generar un ahorro con la compra de propiedades. No fomenta los bienes sino más bien los castiga”, asegura la entidad.

El pasado lunes 9 de junio, el presidente de la República y varios representantes de la empresa privada se reunieron para discutir este tema. Según Presidencia de la República, el mandatario aseguró que su más grande apuesta es para el crecimiento económico del país. “Buscamos la sostenibilidad y mejorar las condiciones de vida de las familias salvadoreñas. Nuestro compromiso es generar las condiciones para que el país pueda desenvolverse y ofrecerles a los empresarios todas las oportunidades que sean posibles para que el sector empresarial adquiera una dinámica más fuerte”, agregó. A la vez, concertaron realizar al menos tres cambios a las propuestas de nuevos impuestos, luego de recibir un conjunto de 15 ó 20 observaciones de la ANEP.

El mandatario expresó su satisfacción por los acuerdos alcanzados en esta primera reunión, entre los que figura retirar de la propuesta el impuesto a la compra de vivienda. Además, la ANEP estaría dispuesta a dar su respaldo a la emisión de bonos. Con el paquete fiscal, el gobierno pretende invertir en medicinas, educación y otros rubros del país. A la vez, el presidente Sánchez Cerén pidió el máximo apoyo del empresariado al plan fiscal propuesto por el gobierno anterior por mil 320 millones de dólares, los cuales se aprobaron en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de este jueves 12 de junio. De esos, 800 millones de dólares serán destinados para saldar las Letras del Tesoro de la República de El Salvador (Letes) y los otros 350 millones para cubrir unos bonos que emitió el gobierno de Elías Antonio Saca hace más de cinco años.

Posibles modificaciones a la propuesta fiscal

Luego de la reunión con el Ejecutivo, los empresarios pidieron que se modificara la propuesta de reforma fiscal. Así, la primera modificación solicitada es la eliminación del impuesto a inmuebles urbanizados en la Ley de Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria Suntuaria, por lo que podrían quedar fuera los pagos de las cuotas de las personas que compran una casa. La otra es la prescripción de los plazos para que Hacienda exija el cumplimiento de obligaciones tributarias. La última está relacionada con no eximir de impuesto sobre la renta a las publicaciones de actos violentos o de pornografía, pero los dueños de periódicos impresos sí podrían gravar dicho impuesto.

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