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20 Ago 2013
Noticias | Por: Redacción

Desarrollo Social versus sostenibilidad de programas sociales

El mandatario salvadoreño afirmó, a través de su programa radial “Conversando con el Presidente”, que en este mes de agosto presentará a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley de Desarrollo Social. Con esta normativa, se pretende que los programas sociales que impulsa el Estado se desarrollen independientemente del gobierno en turno.

El Estado salvadoreño invertirá en este año un aproximado de 360 millones de dólares en subsidios, entre ellos el gas propano, transporte público y la energía eléctrica. Según datos de La Prensa Gráfica (LPG), en el 2012, el gobierno gastó 291.7 millones de dólares en estos tres subsidios, de los cuales se destinaron 71 millones para el gas propano y 20.3 millones para los transportistas.

Si hacemos un cálculo y revisamos los números del Ministerio de Salud,  se puede comprobar que la  construcción del nuevo Hospital de Maternidad asciende a un costo total de 41 millones de dólares, por lo que se podrían construir 8 hospitales más de este tipo, con el desembolso de 360 millones que el Legislativo aprobó para el pago de subsidios. En la actualidad, el salario mínimo en el sector comercio es de 224.21 dólares. Con el presupuesto de los subsidios, se podrían estar empleando a 133 mil 803 personas al año.

El Código de Comercio de El Salvador, en la actualidad, establece que el capital social mínimo para iniciar una empresa es de 2 mil dólares, por lo tanto, el dinero de los subsidios de podría traducir en la iniciación de 180 mil empresas con un capital social mínimo. Según el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en el año invierte más de 8.9 millones de dólares contra la insuficiencia renal crónica, con lo que se podrían cubrir 40 años de tratamiento para una de las enfermedades que más vidas está cobrando en El Salvador.

La nueva ley

Con la nueva Ley, el presidente Funes asegura que se garantizará la ayuda que se brinda a los salvadoreños más necesitados. El mandatario afirmó que “esta es una propuesta de ley que obligará el desarrollo social, con cuerpo jurídico, para que todos los gobiernos respeten los programas sociales que benefician a la población”, sostuvo Funes en el programa.

De ser aprobada la normativa, se estará dando continuidad a los programas que forman parte del Sistema de Protección Social Universal. “Se evitará que la política social esté sujeta al capricho y buena voluntad de los gobernantes en turno”, recalcó el mandatario. En la actualidad, el gobierno tiene en marcha iniciativas como el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), paquetes escolares, Ciudad Mujer, entre otros.

Sin embargo, de acuerdo con el analista económico Luis Membreño, “una ley no es necesaria. Lo que se necesita es una verdadera política de combate a la pobreza. Al final lo que se ha hecho es una inversión de muchísimo dinero, por ejemplo, más de 500 millones en subsidios, y no ha habido resultados medibles. Lo que habría que hacer son transferencias condicionadas, como Comunidades Solidarias Urbanas y Rurales”, afirmó el especialista en declaraciones para MedioLleno.

Quiénes deberían excluirse de los programas sociales

De acuerdo con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), “los subsidios se definen como transferencias monetarias que el Estado traslada a las empresas para estimular la producción o a las personas consumidoras, generalmente para con la finalidad última de obtener un beneficio social, potenciando bienes o servicios estratégicos y grupos sociales de menores ingresos”.

No obstante, según FESPAD uno de los principales problemas de los subsidios en el país es que no están focalizados en favorecer a la mayoría de la población salvadoreña. “Por el contrario, son los mismos sectores que tienen mayores recursos quienes reciben los beneficios de los subsidios. Un ejemplo de ello es la energía eléctrica, donde únicamente dos de cada diez dólares son canalizados hacia los sectores más necesitados, los demás son destinados a empresas o industrias”. Asimismo, Luis Membreño agrega que “los subsidios van dirigidos a quienes tienen mayores ingresos. No hay un objetivo claro a perseguir por ellos, por lo que la mayor parte de dinero se desperdicia”, recalcó el analista económico. 

Además, FESPAD asegura que “la reducción del abanico de subsidios generaría al gobierno un considerable ahorro, ante lo cual se requieren establecer con toda claridad los mecanismos que garanticen, en primer lugar, que la reducción de subsidios no se traduzca en un incremento en los precios de bienes y servicios. Además, que el ahorro obtenido de la focalización sea invertido en proyectos de educación, salud y vivienda y no en gastos corriente. Por último, es preciso revisar el esquema de transferencias monetarias condicionadas a las familias.

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