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4 Nov 2013
Noticias | Por: Redacción

Corte lleva diez años sin auditarse

La Corte de Cuentas de la República (CCR) es el organismo encargado de velar por el adecuado manejo de los fondos en el país. Por mandato legal, es el ente fiscalizador de la Hacienda Pública y la ejecución del Presupuesto General de la Nación, como máximo coordinador del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública. Desde 1995, al entrar en vigencia su propia ley, la Corte examina y evalúa a todas las entidades y organismos del sector público. Sin embargo, aunque ha realizado auditorías externas al resto de las instituciones, desde el 2003 ha dejado de fiscalizar sus propios procedimientos.

El pasado viernes 25 de octubre, Rosalío Tóchez, presidente de la CCR, inauguró la reubicación de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de dicha entidad. Fue justo en este acto que brindó datos e información sobre el quehacer del máximo ente contralor del país. Sin embargo, mientras el funcionario demostró apoyo a la transparencia, también afirmó a los medios que la institución que dirige lleva diez años irrespetando su propia ley, al no realizar auditorías al interior de sus unidades respectivas.

De acuerdo con la Ley de la Corte de Cuentas, el artículo 112 establece la auditoría a dicha entidad. “La auditoría interna de las operaciones de la Corte será responsabilidad de su unidad de auditoría. Una vez que el presidente de la Corte rinda el informe prescrito en el artículo 199 de la Constitución, la Asamblea Legislativa, con el soporte técnico de una firma de auditoría debidamente acreditada en el país y seleccionada mediante concurso público por parte de la Asamblea, practicará a la Corte examen de su situación patrimonial, financiera y de sus actividades operacionales o de gestión”. Para realizar esta auditoría, según el Acuerdo No. 379 de la CCR, la unidad encargada será la Dirección de Auditoría Uno.

Por su parte, el artículo 199 de la Constitución afirma que “el presidente de la Corte de Cuentas rendirá anualmente a la Asamblea Legislativa un informe detallado y documentado de sus labores. Esta obligación deberá cumplirse dentro de los tres meses siguientes a la terminación del año fiscal. El incumplimiento de esta obligación se considera como causa justa de destitución”, asevera la ley.

Expedientes archivados significan pérdida millonaria para el Estado

En sus declaraciones, Rosalío Tóchez aseguró que en períodos pasados hubo muchas irregularidades dentro de la institución al ocultar auditorías, lo que “le costó al Estado una pérdida aproximada de 5 millones 290 mil dólares. En nuestra auditoría especial establecimos que entre 1999 y 2003 mandaron a los archivos 138 expedientes que nunca se reclamaron y nunca se interrumpieron las famosas prescripciones. También otros 117 expedientes con hallazgos fueron archivados, por lo que la pérdida podría aumentar”, sostuvo Tóchez en su conferencia de prensa.

De igual manera, el funcionario aclaró que “desde 2003 hasta ahora ya no se hicieron las auditorías internas que, de ley, también nosotros debemos fiscalizar. Este proceso se encarga de determinar si hay hallazgos sobre nuestras actividades, para que se mande a una cámara y las individualice”, manifestó el presidente de la Corte.

Tóchez explicó que el problema se suscitó en una transición cuando la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional una de las unidades de la CCR “Una dirección nuestra nos hacía actuar como juez y parte en estos procesos, por lo que la Sala la declaró inconstitucional. Desde 1995, los reparos fueron mandados temporalmente al archivo para decidir a qué cámaras se enviarían. Luego ninguno de los anteriores presidentes los sacó de ahí por lo que prescribieron”, sostuvo.

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