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12 Jul 2017
Destacado en Inicio | Por: Redacción

Conocé cómo es que empezó y hasta dónde ha llegado el versus de Bukele y LPG

Esta es la tercera vez que Nayib Bukele demanda a la LPG ¿Será que esta vez el juez le dará la razón? ¿Por qué defiende a los “muchachos” si no tuvo que ver con el ataque? Conocé cómo es que empezó todo y hasta dónde han llegado

Todo empezó cuando el año pasado, el 25 de septiembre, se supo que empleados de Bunker compraron dominios con el propósito de atacar a los sitios online de La Prensa Gráfica (LPG) y El Diario de Hoy (EDH). Luego, la Fiscalía General de la República (FGR), gracias a un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, identificó que el alcalde Nayib Bukele estaba ligado con la empresa de “troles”.

Leé también: “¿Sabés qué ha pasado con el caso de los ciber ataques del troll center?

Fuera el mismo Bunker, empresa antes llamada Blue Marketing, quien creó la aplicación Sívar, desarrollada por el gobierno municipal para ayudar a los capitalinos a realizar denuncias a la alcaldía de San Salvador, estableció la FGR.

Ya para el 2017, Bukele anunció que demandaría a LPG por difamación en contra del Concejo Municipal de San Salvador y por otras publicaciones falsas en su contra. Esta demanda se haría porque, de acuerdo al edil capitalino, el medio de comunicación dio a conocer información falsa sobre la compra de cámaras de vigilancia, equipo que sería usado en el Centro Histórico de San Salvador.

Para el abogado de Bukele, Carlos Godoy, LPG publicó esta información con el único objetivo de “dañar la imagen y buen nombre del alcalde Bukele”; no obstante, según el Juez de Paz de Antiguo Cuscatlán a cargo del caso, José Palma, el deber de todo funcionario es rendir informes sobre lo que hacen y brindar la información a los medios de comunicación.

Así mismo, el juez explicó: “habiéndose realizado una lectura y análisis completo de la publicación del 25 de enero de 2017 es procedente concluir que la misma no contiene datos falsos porque las notas periodísticas ya relacionadas provienen de documentación propia de la misma alcaldía de San Salvador”. Por lo que determinó que no había elementos que probaran su falsedad o dañaren de alguna manera el nombre del alcalde.

Para el juez Palma, LPG también cumplió con el derecho de respuesta al tratar de contactarse con la Alcaldía de San Salvador, sin que esta lo solicitara y a pesar que la municipalidad bloqueó todos los canales de comunicación sobre el tema. “No obstante, estar en la obligación de concederla por razón de ser funcionario, que debe rendir cuentas del manejo que le es confiado sobre fondos públicos en razón de su investidura como alcalde municipal”, recalcó Palma.

A pesar de lo anterior, Bukele recurrió ante una de las Cámaras en Santa Tecla a presentar su caso; la resolución no le favoreció. Así es como, ya para el mes de julio 2017, el edil presentó ante los tribunales de Santa Tecla dos demandas más contra LPG.

En su tercer intento, Bukele pidió el Estado multara con $5 millones a LPG por calumnia en el caso de los ciberataques del año pasado contra dicho medio y EDH. Así como, pidió otro millón más por supuesta difamación en su contra, cometida con el artículo de LPG sobre las cámaras de videovigilancia.

De acuerdo a Carlos Godoy, abogado del alcalde capitalino, los peritos expertos en el tema establecieron que esa era la cantidad que cubría “el costo e impacto” del tema “a la imagen del acalde”.

“No hemos contratado ninguna empresa y menos por un costo de $298 millones. Nosotros pusimos una demanda en el juzgado de paz en primera instancia, como debe de ser, pero el juez de paz le dio la razón a LA PRENSA GRÁFICA”, acusó el edil capitalino.

Por otro lado, Bukele defendió que los “muchachos” implicados en el caso del ciberataque solo habían hecho un meme o parodia al clonar y publicar información falsa en nombre de LPG. Bukele presentó su última demanda días antes que las personas involucradas en el ciberataque enfrentaran un juicio, ya que en febrero de 2017 el juez estableció que los acusados clonaron intencionalmente al sitio de LPG, según LPG.

Según Arístides Perla, apoderado legal de LPG en el caso, denunció: “el objetivo es tratar de intimidar y sorprender a los jueces de sentencia con este proceso y en segundo lugar no es más que un mecanismo de defensa en contra de los procesados del caso ciberataque”.

De acuerdo a El Diario de Hoy, Bukele considera que el dato publicado por LPG está equivocado porque “ellos leyeron 14.8 millones y lo multiplicaron por 20 años, cosa que no tenía que haber sido así, porque esa era la inversión de la empresa”.

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) está preocupada y sorprendida por la situación y que la “demanda misma constituya un acto de intimidación contra los medios señalados y pretenda imponer una censura previa sobre el trabajo periodístico”, de acuerdo con el presidente de la SIP, Matthew Sanders.

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