Noticias

27 Mar 2014
Noticias | Por: Redacción

Con excepción de Arena, diputados llevan 189 días sin pagar multa

El 19 de septiembre del año 2013, los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) exigieron a la junta directiva de la Asamblea Legislativa pagar una multa por no brindar información catalogada como oficiosa. La sanción fue de 9 mil 324 dólares, divididos entre los 14 diputados que conforman la junta, por lo que cada uno debía pagar 666 dólares.

En septiembre del año pasado se marcó un precedente en la historia de El Salvador. Por primera vez, una institución multó a algunos legisladores por violar una normativa que ellos mismos habían aprobado. El IAIP recibió una demanda del ciudadano Ángel Fernando Romero, quien arremetió contra la Asamblea Legislativa por negarse a brindar información de carácter oficiosa, estipulada en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). El ciudadano deseaba conocer el listado y las remuneraciones de los asesores del Órgano Legislativo, pero al no brindársela, procedió a demandar a la institución.

El IAIP multó a los miembros de la junta directiva del Legislativo con una sanción de 9 mil 324 dólares, por lo que cada diputado debía pagar 666 dólares. Sin embargo, han pasado ya 189 días desde la sanción y el pago aún sigue sin concretarse. Solo los cuatro diputados de Arena saldaron su multa en octubre del año pasado. Alberto Armando Romero, Roberto d’Aubuisson, Elena Calderón de Escalón y Margarita Escobar cancelaron su multa el 14 de octubre. Dicho montó ascendió a 2 mil 664 dólares entre los cuatro diputados, quienes debían pagar la sanción con dinero y no con fondos públicos.

Sala de lo Contencioso suspendió, de manera temporal, la multa

El 5 de diciembre de 2013, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detuvo el proceso para que los diputados sancionados pagaran la multa. En representación de Sigfrido Reyes como presidente de la Asamblea Legislativa, acudió a dicha Sala para que se declarara ilegal la decisión del IAIP, a pesar de que este último es la máxima autoridad en cuanto al acceso a la información pública, establecido en la LAIP.

Así, la sentenciad de la Sala afirmó “suspéndase provisionalmente la ejecución de los efectos de los actos administrativos impugnados, en el sentido que, mientras se tramita el presente caso, no podrá hacer efectivo el cobro de la multa impuesta, ni tampoco se podrá exigir la entrega y/o publicación de la información solicitada”.

Hasta la fecha, el cobro aún se mantiene suspendido, por lo que los diputados no están obligados a cancelar la multa impuesta por el Instituto, quien aún espera que la Sala de lo Contencioso tome la mejor decisión y reconozca que la materia de información pública le compete al IAIP. Al menos así lo refleja el literal “e” del artículo 58 de la ley, el cual rige que una de las atribuciones del Instituto es “conocer y resolver el procedimiento sancionatorio y dictar sanciones administrativas”.

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