Noticias

6 Nov 2013
Noticias | Por: Redacción

Asamblea ordena auditar a Corte de Cuentas

La Asamblea Legislativa inició un proceso de licitación pública para contratar a una firma de auditoría privada que dé a conocer la situación de la Corte de Cuentas para el ejercicio fiscal 2012. La invitación a participar empezó el pasado 25 de octubre y vencerá el próximo 11 de noviembre. Con este proceso se espera conocer todo el quehacer de la institución durante el año anterior.

Los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa aprobaron auditar a la entidad contralora de los fondos públicos. La decisión fue tomada luego de que Rosalío Tóchez, presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), aseguró que esa institución lleva diez años sin realizarse una auditoría interna. Es así como los legisladores sacaron a concurso la licitación pública CP01/2013 para realizar un nuevo proceso fiscalizador a la entidad.

Los diputados se han basado en el artículo 112 de su reglamento interno en el artículo 112 de la Ley de la Corte de Cuentas. Esta normativa establece que “la auditoría interna de las operaciones de la Corte será responsabilidad de su unidad de auditoría. La Corte presentará a la Asamblea Legislativa copia de todo informe de auditoría que le requiera”.

Sin embargo, la rendición de cuentas de esta institución también está exigida por la Constitución de la República y el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIALL). En su artículo 199, la Constitución afirma que “el presidente de la Corte de Cuentas rendirá anualmente a la Asamblea un informe detallado y documentado de las labores de la Corte”. Asimismo, este rendimiento lo ampara el artículo 111 del RIAL.

De acuerdo con la Asamblea, las bases de concurso fueron aprobadas por medio del acuerdo número 2599 de la Junta Directiva del Legislativo. Según las reglas de la licitación, los diputados desean examinar la situación financiera de la Corte de Cuentas. Es por ello que quieren conocer las transacciones, registros, informes y estados financieros así como la legalidad de las transacciones y el control interno financiero. Auditorías pasadas encontraron una serie de anomalías como desorden administrativo, financiero y contratación de auditores. De manera anticipada, los diputados han asegurado que la auditoría debe realizarse en un plazo de 60 días.

Por su parte, al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre su evaluación a los procesos de auditoría que se le realizan a la Corte, el diputado Sigfrido Reyes aseguró que “la Junta Directiva está empeñada en que este proceso se realice conforme lo manda la Ley de la Corte de Cuentas. Nos parece que eso va en la ruta de un fortalecimiento institucional de la misma Corte de Cuentas. Hemos aprobado ya las bases de una licitación pública, para que firmas de auditoría autorizadas puedan presentar sus ofertas y dar paso a esa tarea pendiente”, recalcó Reyes en la pasada sesión plenaria.

La primera auditoría de este tipo realizada a la entidad fue en el 2011. Esta fase se prolongó hasta el 2012, por la cual el Estado pagó a la firma ganadora la suma de 340 mil dólares. El proceso duró 90 días y fue para el ejercicio fiscal de 2011. 

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