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25 Jul 2014
Noticias | Por: Redacción

Advierten que reformas a Ley contra Lavado deben ser más profundas

Instituciones como Fusades, Funde e ISD sostienen que no solo es cumplir con estándares internacionales sino hacer cambios en profundidad.

A mediados de julio, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una serie de reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. No obstante, diversas instituciones encargadas de analizar este tipo de regulaciones han hecho sus valoraciones sobre dichas reformas y aseguran que pudieron haber sido más profundas y con más especificidades en los sujetos obligados de ley.

Con 72 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en su sesión plenaria de la semana pasada un pliego de reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Con esa decisión, los legisladores hicieron un “intento de armonizar el ordenamiento jurídico salvadoreño con los estándares internacionales”, según lo manifestaron los mismos diputados. Pero también con ello se cumplió con un condicionante para que El Salvador sea beneficiado con el desembolso del Fomilenio II.

Para Óscar Campos, coordinador del Área de Transparencia y Anticorrupción de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), “las reformas recién aprobadas vienen a darle robustez y ordenamiento jurídico a la ley que teníamos en apego a la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual el país es suscriptor. Creemos que estas reformas pueden prevenir los actos de corrupción y a combatir los que ya se hayan dado; además, puede comenzar a generar una cultura de transparencia y de lucha contra la corrupción, desde el funcionario público hasta las mismas personas”.

Sin embargo, para Óscar Pineda, investigador del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la ley es cuestión aún tiene que mejorar muchos aspectos. “Consideramos que hay un estándar internacional, un camino a seguir que establece las reglas que se deberían cumplir para estar dentro del concierto de las naciones dispuestas a combatir el lavado de dinero y además tienen las herramientas para hacerlo. Así que lo mejor es tratar de acercarnos al estándar internacional a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las 40 recomendaciones que están ahí”, asegura este especialista.

Para estas tres instituciones, uno de los vacíos más preocupantes de la ley es que no se indique explícitamente que los expresidentes, exfuncionarios y sus familiares y allegados, son sujetos obligados. Es decir, “hay unos sujetos de aplicación a los que tenemos que ponerles una lupa más grande, que haya una regulación especial sobre estas personas”, afirma Óscar Pineda en referencia a las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

“El tema de la Ley contra el Lavado de Dinero ha dado mucho de qué hablar pues ha dado origen a una serie de debates que se han prolongado bastante. Aunque es sano para la democracia que hayan debates sobre esta clase de temas, hemos visto con preocupación cómo han quedado en evidencia los diferentes tipos de resistencias a proveerle al país de una ley que permita a las autoridades poder examinar, investigar y llegar a una certeza de lavado de dinero”, sostiene Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde). A la vez, manifiesta que “no fueron las mejores reformas porque no solo es necesario incluir a las PEP y a otros sujetos, sino que también debieron incluirse a otros sectores que pueden verse involucrados en diversos delitos relacionados con el lavado de dinero, la corrupción o el narcotráfico”.

Las contradicciones en la ley

De acuerdo con estas entidades conocedoras del tema, hay acciones que expresan las buenas intenciones, pero a la vez hay otras que contradicen la buena disposición. Para Óscar Pineda, de Fusades, esto se ve reflejado en que “por un lado (los diputados) están yendo más allá de lo que exige el GAFI, pero por otro van atrás en algunos requerimientos más importantes de la ley”. Un ejemplo concreto de lo anterior es que se incluyeron a otros sujetos como los medios de comunicación, abogados y entidades no financieras, pero no está claro que se puedan investigar a los expresidentes, exfuncionarios públicos y sus familiares y personas más cercanas.

Mientras que Roberto Burgos, de Funde, recalca que a pesar de haberse aprobado las reformas, algunos diputados han expresado su descontento por las condicionantes que puso la Corporación de Retos del Milenio para efectuar el desembolso del Fomilenio II. “Exigir la transparencia y el adecuado manejo de los fondos que cooperantes donan es algo muy normal. Venir a plantear un argumento de que no les gusta o no están de acuerdo, es algo totalmente fuera de lugar y que parecería que no tienen una base en el mundo real. Es normal que esto ocurra así”, sostuvo.

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