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21 Feb 2019
Noticias | Por: Redacción

A este magistrado de lo civil lo acusaron por agresión sexual a menor y tiene fuero ¿qué significa entonces?

Magistrado de lo civil, Jaime Escalante, está acusado por agresión sexual en perjuicio de una menor. El caso fue denunciado por la madre de la menor a la policía, que lo entregó a la Asamblea por tratarse de una persona con fuero constitucional ¿qué dice la ley al respecto? Acá te contamos.

El pasado martes 19, por la tarde, el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Jaime Eduardo Escalante Díaz, fue acusado de agresión sexual en perjuicio de una menor de edad, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC).

La madre de la víctima denunció al magistrado Escalante ante las autoridades, por lo que luego de ser capturado fue puesto a la orden de la Asamblea Legislativa. El Órgano Legislativo deberá evaluar el despojo del fuero constitucional, informó el presidente de la Asamblea, Norman Quijano.

Ayer miércoles, 20 de febrero, Quijano envió una solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR) para que el magistrado de lo civil enfrente el caso y comience el proceso.

“En cumplimiento con el artículo 122 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, este día se harán las diligencias en la Fiscalía General de la República a fin de promover la solicitud de antejuicio conforme a su facultad constitucional. Debemos actuar siempre apegados a la Ley. Es un funcionario que tiene fuero, repito”, afirmó Quijano.

Así mismo, Quijano dijo que la Asamblea no tiene las condiciones para resguardar a nadie, por lo que el magistrado se encuentra en su casa. “Si se le levanta el fuero se debe afrontar la acusación en tribunales comunes”, agregó.

El Fiscal General, Raúl Melara, por su parte, añadió que no hay normativa que obligue al magistrado Escalante estar en detención. Tanto el Fiscal General como el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Pineda Rivas, están al tanto de la situación.

Sin embargo, un empleado de la Asamblea está vigilando los movimientos del magistrado Escalante, aseguraron las autoridades del Órgano Legislativo.

¿Qué dice la ley al respecto?

La Constitución de El Salvador establece en su artículo 236, que “el presidente y vicepresidente de la República, los diputados, los designados a la Presidencia, los ministros y los viceministros del Estado, el presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las cámaras de segunda instancia…  responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que comentan”.

Posterior a esto, la Asamblea deberá evaluar si el caso reúne los requisitos para establecer el proceso de antejuicio y conformar luego una comisión especial de antejuicio. Una vez nombrado el fiscal del proceso, el siguiente paso es que el denunciado elija a su defensor, o defina si quiere defenderse solo; finalmente, la Asamblea deberá informarle al acusado sobre la realización, o no, del antejuicio.

“La Comisión tendrá un plazo máximo de sesenta días para presentar el dictamen a la Asamblea. No obstante, podrá pedir una ampliación de dicho plazo y, si la Asamblea lo considera procedente, podrá ampliarlo hasta por sesenta días más”, especifica el art. 134 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL).

Una vez terminado el antejuicio en el Órgano Legislativo y si la comisión especial determina que hay causa probable, “el funcionario quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones y, por ningún motivo, podrá continuar en su cargo”, decreta el art. 140 del RIAL. En ese caso, el magistrado Escalante pasará a manos de las autoridades, que comenzarán a investigarlo como ciudadano “regular”.

Sin embargo, de resultar inocente, explica el mismo artículo del RIAL, el funcionario recibirá los salarios de los días no trabajados y “volverá a ejercer sus funciones, si el cargo es de los conferidos por tiempo determinado y aún no ha expirado el período de la elección o del nombramiento”.

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