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2 Jun 2013
Noticias | Por: Redacción

A dos años de la derogatoria del 743

En el 2011 El Salvador vivió uno de los eventos sin precedentes y más confrontativos de la última década: la aprobación del decreto 743, el cual obligaba a la Sala de lo Constitucional a tomar decisiones de forma unánime. Ante las diferentes expresiones en desacuerdo que mostraron varios sectores de la sociedad salvadoreño, los legisladores votaron a favor de la derogación de dicho decreto.

El 2 de junio el Órgano Legislativo y el Ejecutivo le hicieron una mala jugada al Órgano Judicial. En la Sesión Plenaria de esa fecha, los diputados aprobaron el decreto legislativo 743, que contuvo reformas a la Ley Orgánica Judicial. Este decreto exigía a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a tomar decisiones por unanimidad en procesos inconstitucionales. Según una publicación de El Diario de Hoy (EDH), a través de una encuesta, la población afirmó que esta decisión fue antidemocrática e incumplió la Constitución de la República, además de que sería difícil que los cinco magistrados se pusieran de acuerdo para tomar una decisión.

Samuel Aliven Lizama, en una columna para Diario CoLatino, aseguró que este decreto se caracterizaba por ser transitorio, ya que duraría hasta el 31 de julio de 2012; dispensaba de trámites en la Asamblea Legislativa; hubo remisión, sanción y promulgación inmediata del presidente Funes; reserva de publicación en el Diario Oficial desde el mismo día de aprobación y orden de vigencia inmediata. Estos factores ponían, aún más, en tela de juicio por qué una decisión tan apresurada y a la vez premeditada.

A dos años de haberse aprobado el decreto se han suscitado varios acontecimientos coyunturales que han causado diversas reacciones entre los sectores de la sociedad salvadoreña. Uno de ellos fue la confrontación entre la CSJ y la AL, en junio de 2012, por declarar inconstitucional los nombramientos de los magistrados 2006 y 2012 de dicha Corte. Otro de los casos más sonados fue la declaración de inconstitucionalidad en las elecciones de los magistrados para la Corte de Cuentas de la República (CCR). Dicha declaración fue realizada en enero de 2013. Según publicaciones de La Prensa Gráfica (LPG), se argumentó que los funcionarios, al momento de ser juramentados, tenían juicios pendientes en la CCR, la PGR, la PDDH y la FGR.

De las más recientes polémicas está la inconstitucionalidad en los cargos del ex ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, y el ex director de la PNC, Francisco Ramón Salinas. De acuerdo con afirmaciones de LPG, la Sala argumentó que estos nombramientos vulneran el artículo 159, Inciso Segundo de la Constitución salvadoreña, el cual establece la separación de funciones de la defensa nacional y la seguridad pública. Esta declaratoria se realizó a casi dos años de haber sido juramentados en sus cargos.

Sin embargo, una de las decisiones más esperadas y trascendentales que la Sala de lo Constitucional ha dado a partir de la derogación del Decreto 743, ha sido la resolución de la petición hecha por Beatriz, quien solicitó la autorización de un aborto terapéutico. Con la votación de tres de los cinco magistrados por no autorizar la petición, uno que sí lo permitía y uno que se abstuvo, la Sala no le cedió a Beatriz realizarse dicho aborto, por lo que el 743 jugó un papel importante en este proceso.

Sin lugar a dudas, la aprobación del decreto 743 marcó un antes y un después en la democracia salvadoreña. De no haberse aprobado su derogatoria, probablemente estos acontecimientos mencionados hubieran tomado otro rumbo. Y la historia en este tema sería más polémica y conflictiva de lo que hasta el momento ha sido.

 

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