Entrevistas

23 Ene 2013
Entrevistas | Por: Gumercindo Ventura

Francisco Díaz Rodríguez – Superintendente de Competencia

Gumercindo Ventura: ¿Cuáles son sus estudios?

Francisco Díaz: Soy abogado, graduado de la Universidad Nacional de El Salvador. Después hice estudios en Sociología en Desarrollo en París, Francia. Después de haber trabajado como abogado he trabajado como consultor. Fui miembro del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) en el período 1998-2001. Después estuve en el Consejo Académico de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). Luego otro largo período trabajando como consultor fuera del país y dentro del país, hasta llegar a la Superintendencia de Competencia.

 

¿Cómo y cuándo nace la Superintendencia de Competencia y cuál es el propósito con el que surge?

Nace en el año 2004, a finales, pero entra en un año a funcionar el primero de enero del año 2006, de manera que tenemos a esta fecha siete años ya cumplidos de existencia. Nace después de nueve años de la elaboración de un anteproyecto, de otro anteproyecto, de una discusión al interior de Economía, hasta que en el gobierno del presidente Saca llega a la Asamblea Legislativa.

Mi apreciación es que más que madurez en cuanto al tema, lo que hubo fue una presión insistente de organismos internacionales, porque hoy en día la excepción es la existencia de países en donde no hay autoridad de competencia.  El propósito bien jurídico esencial que la Superintendencia de Competencia defiende es el de la libertad empresarial, en busca de la eficiencia de la economía y en busca del bienestar del consumidor. La función de la Superintendencia es procurar que el mercado esté libre de trabas, esté en condiciones de perfecta competencia; esa es la razón de ser de la Superintendencia.

 

¿Por qué es importante una Superintendencia de Competencia en un país como El Salvador? ¿Por qué es tan importante velar porque exista la competencia en los mercados?

Porque la competencia es, por así decirlo, el motor de la actividad económica. Toda producción que no sea de subsistencia, es producción que va al mercado; es producción que va para un tercero. A partir de ese momento, usted o se deshace, en el buen sentido del término, mercantilmente de ese producto o lo pierde. Para eso, normalmente, lo que necesita es entregar un buen producto y a un precio que lo pueda pagar la otra persona. Entonces, a partir de esa necesidad, de ese interés, se mueve absolutamente todo.

 

¿Nos puede dar algún ejemplo donde la competencia beneficia a la sociedad?

El caso para mí más interesante actualmente es el de las TIC´s Tecnologías  de la Información y Comunicación). Usted ahí puede darse cuenta de que hay una rivalidad permanente entre las grandes empresas y los grandes sistemas: Android, Apple y ahora Microsoft con el número ocho. Están constantemente sacando nuevos productos, mejor tecnología, justamente para posicionarse en el mercado para ser no los que controlan el mercado necesariamente, pero sí los que tienen más ventas. Ese es el ejemplo más bonito a mi modo de ver.

 

¿Considera que la labor de la Superintendencia es meramente técnica o también tiene su ámbito político?

Ninguna actuación de un ente público es apolítica. Por definición, una instancia gubernamental, una instancia de Estado, está realizando una acción política, en el sentido estricto, puro, académico, de término político, no politiquera. Entonces, obviamente, hay un contenido técnico, pero hay un cierto nivel político, político en el sentido que estamos diciendo.

 

¿Algún ejemplo?

En El Salvador actualmente hay una Política Nacional de Energía, que pretende, entre otras cosas, ampliar el abanico de fuentes de producción de energía, para romper la dependencia energética derivada del petróleo, para evitar la fluctuabilidad en los precios de energía eléctrica, producto de la fluctuabilidad del petróleo y por razones del medio ambiente. Esa es una decisión técnica también, pero es una decisión política del Estado salvadoreño.

 

¿Y los medicamentos?

Otro ejemplo, y en eso nos pronunciamos en su debida oportunidad, los medicamentos. Ha habido un desorden terrible en el mercado de medicamentos, reconocido hoy en día por empresarios de medicamentos. Escuchaba al ex ministro Lacayo decir: “bueno, tenemos que admitir que los precios de medicamentos en El Salvador son altos”, ese es un buen reconocimiento de una situación irregular en el mercado. Ahí, a partir de un planteamiento constitucional, pusimos muy claramente, hay productos de productos, los medicamentos son productos que hacen relación inmediata a la satisfacción de un derecho humano fundamental, como es la salud. No es lo mismo vender chicles que vender medicamentos.

 

Pero el gobierno regulará los precios, en contra del libre mercado…

En ciertas materias, como medicamentos, por esto que estamos diciendo, pueden legítimamente, para ordenar el mercado, establecerse precios, regular precios. No fue esa la propuesta, pero sí hicimos un planteamiento de una lista corta de medicamentos para cierto tipo de enfermedades, las graves, o una lista larga de medicamentos populares. Para cosas menores, podrían estar sujetos a una regulación, sin que esto signifique que estamos planteando la regulación de precios en general de cualquier tipo de productos.

 

¿Qué tan fácil fue darle continuidad a la gestión del superintendente anterior a usted?

Fácil y difícil. Difícil porque cuando asumí esta responsabilidad había estado acéfala la institución. No había habido superintendente por ocho meses o más. Entré en febrero del 2011. El superintendente que había sido por un año, luego fue trasladado, pasó a ocupar otro cargo, entonces quedó la Superintendencia acéfala. Eso produjo un deslizamiento, dificultades, hasta confusión en los procedimientos que estaban comenzados concretamente de planificación estratégica institucional. Eso produjo un bajón en la actividad de la institución, porque no había titulares que pudieran, en ciertos procedimientos, impulsarlos o no impulsarlos. En ese sentido fue complicado porque se encontró una situación así de deriva.

Pero en otro sentido fue muy fácil porque, como repito, el equipo técnico y administrativo que tiene esta administración, que encontré y que se ha renovado por el movimiento natural es excelente. Es un equipo que tiene mucha capacidad técnica y yo diría tiene mucha mística institucional.

 

¿En ese sentido, cree que hay alguna incidencia en el trabajo de la Superintendencia que se vea afectado por las próximas elecciones presidenciales?

No, ninguna. Por el resultado de las próximas elecciones presidenciales, ahí sí, porque aun cuando como en otras instituciones descentralizadas del Estado, el período de nombramiento trasciende, va más allá de los períodos presidenciales, es por cinco años. Y eso está concebido precisamente para que la institución y el funcionario puedan ser independientes del Ejecutivo. Pero, no obstante, en nuestros países influye quien llega al Ejecutivo. En ese sentido, puede haber juego de identidad. Ahora, en el momento en que se pretenda restringir la independencia de la institución, habrá que pensar en otra persona. 

 

La Superintendencia ha tomado protagonismo hace relativamente poco tiempo. ¿Por qué cree que antes no se escuchaba tanto de la Superintendencia? ¿Será que antes no tenían tanto diente, por así decirlo, como lo tienen ahora en casos importantes?

No, no es problema de diente, y fíjese que varios de los casos en los que ha tenido protagonismo la Superintendencia son casos de estudio, que habían sido revisados del año 2007, 2008 ó 2009. Ahí hay tres factores: El primer factor es que la alternancia en el gobierno de la República, ha generado condiciones diferentes de receptividad, de debate público, de receptividad a distintos puntos de vista.

Eso es un fenómeno nuevo en la historia del país. Entonces, las instituciones, las personas, los comentaristas tienen más espacio y son más receptivos. Este es un gobierno más receptivo que los anteriores. Y esto hay que decirlo claramente, antes cada ministerio era un arreglo con un determinado sector. Entonces, sin entrar en nombres propios, nos consta como algunos ministros ante las observaciones de la Superintendencia simplemente dijeron: “Sí, recíbanlas, igual, no le hagan caso”. Porque la Superintendencia es como el radiólogo. Nosotros solo podemos señalar el problema.

 

¿Entonces cree que hay más receptividad?

Sí, hay ahora un ambiente de mayor receptividad, de mayor debate, de mayor preocupación por la opinión de las instituciones. Ese es un factor. El otro factor es la maduración natural de la institución y del equipo. No es lo mismo una primera resolución donde se va tanteando de algo que nunca se ha hecho en el país a la veinteava resolución, que es lo que ha tocado. Y un tercer factor, eso sí, sería como parte de esto mismo, de bajar el rigor de las resoluciones, el rigor técnico y rigor metodológico. Usar un lenguaje más directo y más comprensivo. Eso sí es una diferencia que creo que hay que apuntarla y por eso es que he tenido ahora, quizá, más audiencia, más comprensión.

 

¿Cuál considera usted que ha sido el momento más difícil dentro de la Superintendencia?

Dos momentos han sido difíciles, por la dificultad técnica y por la envergadura de los casos. Uno fue la concentración económica que pretendía hacerse, en la cual Claro pretendía comprar Digicel. La resolvimos negando con una desautorización, después de que hablamos de qué es esta función y de cuáles son las alternativas que tiene la institución. Ahí no solo estaban involucrados agentes económicos muy importantes, particularmente por el lado de Claro, en donde si nos vamos a la raíz, la propiedad es del señor Carlos Slim, no solo estaban involucrados agentes económicos de gran importancia mundial, sino que estábamos conscientes del impacto que podía tener para el país una resolución en un sentido o en el otro. Entonces, eso hubo que trabajarlo mucho, analizarlo mucho, discutirlo mucho, hasta tener una resolución con un fundamento técnico y un fundamento legal que nos pareció y nos parece incuestionable. De hecho no ha sido cuestionado hasta el momento.

 

¿Cuál considera que ha sido el efecto de esta resolución?

Muy positivo para la competencia en El Salvador. Ustedes podrán haber notado de octubre del año pasado para acá, las ofertas de paquetes, de regulación en los precios de aparatos celulares, de saldos y sobre saldos es notoria. Entonces, creemos que acertamos.

 

¿Hay algún otro caso?

Sí, otro caso fue el de la sanción a Dizúcar, porque también es conocido que la industria azucarera es uno de los bastiones económicos más importantes del país, en donde incluso existe una ley que regula toda la actividad de la agroindustria y sabíamos nosotros que imponer u ordenar el cese de una práctica, iba a tener un impacto importante. Pero ahí está la resolución, ahorita como ha ocurrido con muchas otras, ha sido recurrida ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y ahí sabemos que tenemos para el rato en ese procedimiento.

 

¿Hay algunas prácticas anticompetitivas que se penen con prisión o todo se pena con multas?

En El Salvador no existe ninguna práctica anticompetitiva que se pene con prisión. En los Estados Unidos sí, concretamente los acuerdos, los que se llaman carteles, cuando se trata de ponerse de acuerdo para determinar un precio o para determinar una cantidad de producto, o para determinar un territorio en el cual “solo entrás vos o solo entro yo,” ese tipo de acuerdos y ahorita recientemente en México han sido penalizados, y en otras partes del mundo también.

 

¿Y se ha contemplado hacer una reforma legal para que eso cambie?

Está propuesta una reforma, y cuando digo está propuesta quiero decir que la Superintendencia le ha presentado al Órgano Ejecutivo una propuesta de reformas legales que pretende agilizar los procedimientos en la medida de lo posible. Pretenden ampliar el ámbito de intervención de la Superintendencia y pretenden hacer más efectiva la acción de la misma. Dentro de esta mayor efectividad está una de cal y una de arena.

Digamos una represiva y otra más permisiva, de flexibilidad, de clemencia. La de clemencia, como su nombre lo indica, es lo que en derecho penal se llama “testigo criteriado”, es decir, dar la oportunidad para que un agente que esté metido en un cartel pueda venir a la Superintendencia, denunciarlo, ofrecer los elementos de prueba que la Superintendencia le permitan romper ese cartel, y por ese cartel no sancionar a esa entidad que ofrezca la información. Esto existe actualmente, pero existe tan mediatizado que realmente no representa un incentivo para nadie, porque lo único es que le van a reducir la multa, entonces qué gracia tiene con todas las consecuencias que uno puede tener. Dentro de la medida de clemencia, realmente, la propuesta lleva a un régimen de clemencia real, que permita esto que estoy diciendo. Y, por otro lado, la propuesta de penalizar, es decir de establecer una sanción penal, en los casos en que se compruebe la existencia de un acuerdo de este tipo de recurso.

 

¿Considera usted que el presupuesto de la Superintendencia es suficiente para lo que se quisiera lograr?

Es absolutamente raquítico. De instituciones descentralizadas, la Superintendencia, que tiene una responsabilidad sobre todos los mercados del todo territorio, tiene el séptimo presupuesto más bajo. De manera que es absolutamente insuficiente, ya con solo esto que le digo. En qué se traduce esto, en que para los efectos de fondo de la Superintendencia, hay solamente 20 personas técnicas y el equipo de comunicaciones que se reduce a tres personas, de un total de 40 personas que laboran la institución. Entonces, eso manifiesta la insuficiencia.

 

Tiro al plato

Francisco Díaz: Funcionario público independiente

El Salvador: Un país que merece más de lo que es.

Superintendencia de Competencia: Una institución importante, no suficientemente valorizada.

Competencia de mercados: Base para el desarrollo económico.

Política: Necesaria, indispensable. Ojala la hiciéramos todos los ciudadanos

Caso Claro Digicel: La más importante concentración que hemos resuelto.

 Jóvenes: La promesa y además la base de la Superintendencia actualmente.

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