Editorial

1 Oct 2014
Editorial | Por: Redacción

Son tiempos de austeridad

Pedir austeridad a entidades que han estado acostumbradas a tener siempre el poder en sus manos se vuelve de por sí una carrera difícil de correr.

El actual gobierno aprobó el pasado 2 de septiembre un decreto de austeridad que contempla diversas medidas para disminuir los gastos que han efectuado los titulares de las instituciones públicas.

Desde que se hicieron públicos los gastos de la mayoría de instituciones del Estado gracias a los actuales mecanismos de transparencia, en el país han ido saliendo a la luz las malas prácticas de despilfarro que se habían hecho ya tradición en los quehaceres gubernamentales. Antes era fácil mantenerlos en silencio como parte de un secreto que solo se conocía porque se corría la voz y nadie juzgaba ni decía nada, porque no estaba la información que comprobara esos “rumores”.

Actualmente es de agradecer que los procesos de democracia y transparencia han ido avanzando pese a la estructura autoritaria y piramidal en la que fueron construidas. Ahora los procesos de democratización de la información han sido modernizados y le dan armas a la ciudadanía para emitir juicios sobre en qué y cómo se gastan nuestros recursos.

Sin duda el presidente de la República también debía responder al impacto mediático que han tenido las noticias publicadas en los últimos días sobre los gastos superficiales de una diversidad de instituciones públicas en las que quedaban al descubierto gastos en regalos suntuosos, fiestas ostentosas, servicios de catering exclusivos, viajes a cualquier lugar del mundo en primera clase y hasta los tipos de refrigerios servidos en las plenarias legislativas. Algo se tenía que hacer y el decreto pretende aplicar la austeridad en dicho ámbito, lo cual es bueno.

La misión de la ciudadanía es ejercer presión pública para que el decreto se aplique de manera correcta y no demagógica, sino generando un impacto positivo y que se vayan sumando todos a esta iniciativa.

La nueva política de austeridad a la que se refería el presidente en ese momento es una que actualmente contiene regulaciones al presupuesto de cada oficina de gobierno, ministerio y autónoma para redirigir el gasto a actividades elementales de cada una de ellas y que no signifique un sobregiro para el Estado. Su objetivo, según se explica en la misma política, es “generar ahorro, impulsando una administración honesta, eficiente y transparente del gasto público (…) con el fin de reducir el déficit fiscal (…)”.

Pero ¿qué tanto de estas nuevas políticas llega realmente a la acción? O será nada más parte de las utopías en tiempos de “precampañas”. Al parecer la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es un claro ejemplo de que esto puede que solo se quede en papel, ya que dentro del Presupuesto General de 2015 presentó un presupuesto de 275.1 millones de dólares, un incremento de 20.9 millones respecto al 2014, sobrepasando el 6 por ciento que les asigna la Constitución. En otras palabras, la CSJ ha presentado 7.9 millones de dólares más de lo constitucionalmente permitido.

Este sobregiro en la cantidad solicitada por la CSJ ha provocado diversas discusiones dentro del pleno legislativo y las bancadas políticas en la Asamblea Legislativa han manifestado un descontento por la petición del incremento en el presupuesto. Es curioso cuando a ellos también se les ha exigido públicamente que dejen de gastar el dinero del Estado en sus excentricidades. Es de ver si es cierto que se acoplan ellos a la reforma.

Debemos entender que austeridad no significa solo gastar menos, sino saber distinguir entre lo necesario y lo realmente superfluo. En la época del consumo que se vive actualmente vemos muestras a diario de todas las variantes de despilfarro y la clase política no está exenta de eso, ya que puede más la capacidad de tener control y poder.

Es por eso que pedir austeridad a entidades que han estado acostumbradas a tener siempre el poder en sus manos se vuelve de por sí una carrera difícil de correr. Es un proceso más subjetivo y la relación de la persona con el querer riqueza y mando dentro de una sociedad que los lleva a velar por su patrimonio personal antes de ver las carencias de la población y los índices altos de endeudamiento.

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