Editorial

12 Sep 2014
Editorial | Por: Redacción

La seguridad en 100 días de gobierno

No es posible que la población pague por su propia seguridad, cuando tiene un gobierno que debería ser un garante de este derecho.

El lunes 8 de septiembre, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y los miembros de su gabinete de gobierno cumplieron los primeros 100 días de gestión. Precisamente ese día la Policía Nacional Civil reportó que 16 salvadoreños habían sido asesinados en todo el país.

El alto índice de homicidios debe ser una situación alarmante para los que llevan las riendas del país. Es fácil hablar de propuestas a implementar durante la campaña política, pero ¿qué pasa con el verdadero accionar? Parece que nuestros gobernantes no se detienen a pensar que cada día que El Salvador pasa sumergido en la violencia, bajamos peldaños en desarrollo social y económico así como los subimos en las estadísticas de países más violentos del mundo.

“Habrá medidas inmediatas de seguridad para los primeros 100 días”, afirmó en una entrevista Sánchez Céren cuando aún era candidato a la Presidencia. Afirmación que hasta la fecha no se ha cumplido y no se ven aún acciones inmediatas que ayuden a mejorar la seguridad ciudadana. La población vive en desconfianza total de las autoridades policiales además de vivir en continúo temor de ser extorsionado, asesinado o asaltado (en el mejor de los casos).

En estos 100 días las autoridades de seguridad pública informaron que hubo mil 156 homicidios, es decir, un promedio de 11 asesinatos cada día, similar situación como cuando asumió la Presidencia Sánchez Cerén en junio pasado y en algunos casos hasta 20 fallecidos como lo registran las cifras del 16 de junio.

Como ciudadanos responsables debemos recordarles a las autoridades competentes que la seguridad no es un tema de limosnas ni de propuestas de campaña incumplidas. La seguridad ciudadana es una obligación del Estado. Comienza por las acciones inmediatas a tomar del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, luego la Policía Nacional Civil y más recientemente la iniciativa de la policía comunitaria.

No es posible que la población pague por su propia seguridad, cuando tiene un gobierno que debería ser un garante de este derecho. No es posible que se deban llevar los vidrios arriba y las ventanas polarizadas al máximo como “medidas de seguridad”, para evitar ser  víctima de asalto. Tampoco es concebible que el ciudadano salvadoreño viva en una casa convertida en prisión por temor de ser violentado de sus derechos de vivir en un país seguro.

El presidente Sánchez Cerén ha asegurado en infinitas ocasiones que la principal obligación del gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Como salvadoreños es necesario que evaluemos los próximos 100 días para ver el real accionar que tomen para reducir los índices de violencia y lograr  poco a poco que caminemos hacía la tan anhelada paz.

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