Colaboradores

4 Sep 2014
Colaboradores | Por: Karla Rivas

Telefonía con buena señal

No me refiero a la señal relacionada con la cobertura, es más bien con la señal que están dando como industria a la población y autoridades relacionadas.

Las cuatro operadoras de telefonía móvil de El Salvador más grandes, apoyadas por la Asociación GSM[1], firmaron recientemente un convenio de entendimiento para que los celulares que sean robados en el país no puedan ser utilizados en Centroamérica, para evitar el comercio del aparato en el “mercado negro” o el cometimiento de delitos como las extorsiones. Es decir, si le roban el celular y lo reporta, este deja de funcionar. No tiene nada que ver con abrir bandas, sino que a través de la Identidad Internacional del Equipo Móvil (IMEI, por sus siglas en inglés), se bloquearía y quedaría inservible.

Las empresas se comprometieron a compartir la base de datos de teléfonos robados o hurtados no solo en territorio salvadoreño, sino también con los países centroamericanos entre ellos y con la Asociación GSM. ¿Podría ser este el fin del robo de teléfonos? Puede ser. En Honduras, según el periódico El Heraldo,[2]un acuerdo similar se implementó en junio y el robo de teléfonos disminuyó, en solo dos meses, en un 70 por ciento (de 350 robos pasó a 70 celulares robados diarios).

Como testigo de honor del convenio estuvo Blanca Coto, titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), quien informó que en los últimos cinco años han sido reportados 1 millón 607 mil teléfonos robados en el país. Una cifra que como ella mencionó “alarma y no se puede pasar inadvertida”. Un día antes, la SIGET firmó otro convenio con el Ministerio de Seguridad para intentar bloquear la señal de los celulares dentro de las cárceles, una medida usada por las pandillas para extorsionar. 

No sorprende ver que cada cierto tiempo se realizan requisas en centros penales y salen decenas de celulares incautados. Sobre este punto, Sebastián Cabello, director de GSM para América Latina, expuso que no es una responsabilidad completa de las empresas lo que ocurre en los centros penales. “La responsabilidad número uno es de las autoridades, porque la primer pregunta que uno tiene que hacerse es qué hace una terminal dentro de un penal”, y además agregó que la reducción de señal o el bloqueo de la misma puede afectar a los usuarios que requieren del servicio afuera de las cárceles y eso puede generar al operador una multa por falta del servicio.

No se trata de buscar culpables. Es un hecho que la industria de la telefonía está haciendo su parte en la identificación y erradicación del delito a través de móviles y además contribuyendo grandemente al desarrollo social y económico del país a través de sus características más importantes: la tecnología, accesibilidad y penetrabilidad en la población. ¿Quién no tiene un celular en estos tiempos?, o dos.

Como sociedad debemos seguir luchando por que exista transparencia en esa industria, se cumplan nuestros derechos de consumidores y así “corregir la plana” de las empresas que los irrespetan. Sin embargo, también debemos reconocer que hay un mundo de posibilidades de desarrollo e innovación que puede provenir de ellas. Educación y salud de mano de tecnología de punta, inclusión financiera a través de los servicios móviles, inversiones millonarias en infraestructura de telecomunicaciones, el hecho de que con sus servicios y conectividad pueden llegar hasta el último rincón del país… Vale la pena detenerse a pensar, sin ver colores y banderas, en las oportunidades que esta, como otras industrias, representan para el país.


[1] Es una organización de operadores móviles y compañías relacionadas, dedicada al apoyo de la normalización, la implementación y promoción del sistema de telefonía móvil GSM (Global System for Mobile Communications).

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