Colaboradores

18 Dic 2015
Colaboradores | Por: Jaime Peraza

Poder judicial salvadoreño, un asco

El Poder Judicial en nuestro país históricamente ha sido cuestionado, tanto por su irregular actuar, como por su sujeción a los otros poderes, en particular al Ejecutivo, esto previo a la alternancia política del año 2009, y posteriormente con sumisión al Poder Legislativo. 

Caracterizado por ser un poder cerrado, introvertido, con pocas transparencia en su ejercicio e indiferente a recibir críticas, no ha escapado en muchos casos de una evaluación ciudadana que lo considera una institución sin confianza, anticuada y con importantes rasgos de impunidad.

La población en general manifiesta que si un delincuente sujeto a proceso tiene dinero puede ser declarado inocente en un juicio, lo que violaría el principio de igualdad. También se destaca que de ser acusado por un delito, no sería tratado con justicia por las autoridades. Y en cada uno de los supuestos, el común denominador fue la poca calidad de la justicia en salvadoreña.

El Poder Judicial salvadoreño atraviesa por una clara crisis de confianza y legitimación, como la mayoría de las instituciones en el país, y esto se ha vuelto evidente al tomar en cuenta que la generalidad de los salvadoreños considera un agravio los sueldos de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, así como de los y funcionarios.

Y no es que la pretensión sea reducir los salarios y vulnerar la independencia de los juzgadores en El Salvador frente a poderes económicos, ¡no! La cuestión radica en que aún y con esas remuneraciones, el desempeño ha sido reprobado.

Los procesos judiciales son engorrosos, sin la transparencia que exigen los ciudadanos y donde la impunidad es el fantasma que ronda desde el inicio de los juicios. No obstante, años recientes y no tan recientes, se han venido generando reformas tendientes a fortalecer su autonomía, el sistema legal, así como su capacidad técnica, las acciones de inconstitucionalidad que pueden ser promovidas por las minorías parlamentarias, tan sólo por mencionar algunas.
Sin embargo, el ciudadano en general no palpa esas reformas, y sigue sintiendo una fuerte desconfianza hacia los impartidores de justicia; hay fallas de los jueces y eso no lo quiere reconocer el Poder Judicial. Algo que este no admite es hacer dichas revisiones para proceder con las respectivas correcciones. Los jueces han teniendo las pruebas, y por corrupción, no han actuado.

Y aún y cuando esta percepción es conocida, cuando la corrupción y la impunidad son un elemento latente en la actuación del Poder Judicial, los magistrados prefieren cerrar filas y con argumentos que se antojan hasta absurdos, prefieren hacer caso omiso y no emprender acciones al interior de este Poder para revertir la imagen negativa que de ellos se tienen y mejorar el sistema de impartición de justicia y la profesionalización de los servidores.

Contrario a que el Poder Judicial asumiera una visión autocrítica y aceptara que la aplicación de la justicia en El Salvador ha dejado mucho que desear, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sin un mínimo de rubor, han rechazado los señalamientos, escudándose en que se daña a la institución.

Es inaceptable para los ciudadanos que bajo ese argumento, los jueces, magistrados y miembros de la judicatura federal pretendan diluir la percepción ciudadana, cuando es la propia ciudadanía quien se siente agraviada por la actuación de juzgadores y funcionarios del Poder Judicial, son ellos quienes denigran y lesionan a la institución de impartición de justicia.

Resulta un tema cotidiano conocer la liberación de criminales por parte de los jueces, o cómo entorpecen y paralizan la impartición de justicia en otros casos. Basta con mencionar el connotado caso del asesinato de Franklin Mendoza Ortiz hijo de un veterano político salvadoreño a manos de Chávez Palacios, este último liberado por juez Segundo de Instrucción de Santa Tecla, siendo un asesino confeso, o el mismo caso del ex presidente Francisco Flores que está siendo juzgado por peculado, desobediencia a particulares y enriquecimiento ilícito. Ya que fue mandado a juicio con muchas dudas que respuestas.

La excusa de los juzgadores, para evadir y rechazar la crítica es cotidiana y reiterada, no así la aceptación de los comentarios hacia su desempeño, como tampoco el reconocimiento a la necesidad de impulsar cambios profundos en el Poder Judicial. Esto evidentemente no abona a avanzar en la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

Es necesario, encontrar la voluntad por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de aceptar la realidad del sistema judicial, y con ello, estaríamos dando el primer paso para mejorar la impartición de justicia en el país.

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