Colaboradores

20 Dic 2015
Colaboradores | Por: Joyce Hernández

Impuestos vs delicuencia

En definitiva no se puede contar con el dinero de la población para resolver las cuentas del Estado, sobre todo cuando en los últimos años se han aumentado los ingresos y la deuda pública no se ha reducido.

En los últimos años, El Salvador ha sido uno de los países que ha ocupado los primeros lugares entre los países más violentos de América Latina, con un ascenso del 91 por ciento en homicidios por cada 100 mil habitantes en lo que va del año 2015, encaminado así a ser el país más violento  del siglo XXI.

Ante tan alarmantes cifras y la situación de violencia, el gobierno de El Salvador infiere que muchas de las tasas de homicidios son generadas entre las mismas estructuras criminales, como una manera de calmar a la población y en ocasiones han insinuado que las estadísticas brindadas por el Instituto de Medicina Legal no son certeras; además de acusar a los medios de comunicación de infundir temor en la población. Dichas justificantes son risibles, cuando las personas que hemos vivido extorsiones y pérdida de familiares a causa de la triste realidad delincuencial y la zozobra que se vive a diario, y que no es invento de los medios de comunicación. De hecho hay muchos casos que no son cubiertos periodísticamente y que muchas veces quedan en el anonimato, por lo que dichas justificantes son irresponsables ante la crisis actual de la violencia generada por las pandillas o mejor dicho, terroristas.

Parte de las grandiosas estrategias del gobierno para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad de los ciudadanos, es la aprobación de nuevos impuestos, generando así una serie de controversias y justificando que el impuesto a las telefonías será utilizado para dotar de nuevos y mejores recursos a la seguridad, dotando, según ellos, de mejores herramientas de trabajo para la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, entre otras instituciones que son las encargadas del combate a la violencia y delincuencia del país. Con la aprobación de este nuevo impuesto es de considerar si en realidad es la verdadera solución ante la crisis nacional de inseguridad, cuando se pudieron tomar en cuenta otras opciones para recaudar fondos para dichas instituciones, como por ejemplo la reorientación de fondos, evaluación del gasto tributario, eficiencia y optimización de recursos, austeridad, por mencionar algunos. Esto para que la población no pague otro impuesto a cambio de vivir en una sociedad con paz social y  generando más ingresos a las arcas del Estado.

El impuesto cascada a las telefonías fue manejado en un inicio que no afectaría a la población, ya que es un impuesto dirigido a las empresas que ofrecen dicho servicio, cuando por lógica era de esperar que los grandes contribuyentes  aumentarían el valor de los servicios para no afectar sus ganancias, porque en eso consiste un negocio. Si se aumenta la materia prima se aumenta el costo del producto. Además, es importante razonar que si se aprobó el 5 por ciento de impuesto a los servicios que son usualmente consumidos por la población salvadoreña, no se está hablando de un 5 por ciento real de impuesto, sino de un 15 por ciento en general de los tres  servicios principales que son utilizados mayoritariamente por la población. Esto se suma a lo que ya pagamos de IVA.

Otro factor importante que no fue tomado en cuenta con la aprobación del nuevo impuesto a las empresas que han invertido en el país, y que son las que general más del 80 por ciento de empleo nacional, es que consecuentemente con el pago de nuevos impuestos estos grandes contribuyentes buscarían recortar gastos, entre ellos plazas laborales, reducción en las remuneraciones, entre otras, afectando así de forma indirecta también el porcentaje de empleos en la población salvadoreña.

El pagar esta cantidad como impuesto para mejorar las condiciones de inseguridad y que en realidad se tradujeran en resultados tangibles, quizá no sería un problema para muchos ciudadanos, sin embargo, analizando anteriores contribuciones impuestas que no han dado los resultados esperados, como el pago por cada galón de combustible, deja muchas dudas; más cuando recientemente se han recibido donativos por parte de China-Taiwán para el tema de seguridad, y además si aprobaron el presupuesto 2016 con un aumento de millones para diferentes rubros.

En definitiva no se puede contar con el dinero de la población para resolver las cuentas del Estado, sobre todo cuando en los últimos años se han aumentado los ingresos y la deuda pública no se ha reducido.

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