Colaboradores

5 May 2013
Colaboradores | Por: Edgar Orellana

Gana Pierde

Entre los juegos de cartas, se conoce el tute gana-pierde que es una modalidad divertida del tute (El tute del italiano tutti: todos, los caballos o reyes, es el juego de naipes más arraigado en España, seguido muy de cerca por el mus. Tiene varias modalidades y se puede jugar entre dos, tres o cuatro jugadores. El objetivo del juego consiste en sumar tantos.) En la que se juega individualmente, entre cuatro o cinco personas generalmente. Se emplea la baraja española de 40 cartas. Las cartas tienen el mismo valor que en el tute corriente.

El objeto del juego es conseguir el menor número de tantos posible, perdiendo quien más tantos haya hecho. Si un jugador llega o sobrepasa los 101 tantos, se dice que “se sale” y entonces es el único “ganador” y todos los demás se apuntan “un juego perdido” cada uno. En otras palabras el ganar o acumular puntos que en la mayoría de juegos sirve para ganar; aquí le da por perdedor.

Este parece ser el criterio salvadoreño utilizado por los diputados del bloque del mal; para elegir a los funcionarios de segundo grado, donde la población que los ha elegido está suponiendo que se escogerán a las mejores personas, a las más capacitadas e idóneas, pero que en realidad, quedan los que hayan tenido el apoyo de los políticos independientemente de su capacidad. Así hemos tenido todo tipo de funcionarios, que dejan mucho que desear y en los procesos electorales, también ha funcionando el criterio de ofrecer a los candidatos más improbables y menos capaces para presidentes de la República.

En pleno siglo 21 no es posible que un país como el nuestro; deje en manos de diputados de carrera, con severas deficiencias de raciocinio; una elección de funcionarios de segundo grado. Es el momento de colocar en la Asamblea Legislativa y en los cargos de segundo grado a candidatos  preparados y con capacidad de pensar para el bien del país.

Tal parece que los diputados no quieren o no tienen más personas dentro de las cuales elegir, sino sólo los acostumbrados “correligionarios sumisos”; pero la sentencia de la honorable sala de lo constitucional es clara y debe ser cumplida.

El poder de la Sala de lo Constitucional, de alguna manera es superior al de la propia estructura democrática de la toma de decisiones (Asamblea Legislativa), se ha tratado de justificar desde sus comienzos el papel del Tribunal Constitucional como un órgano que permitía el diálogo directo con el legislador.

 Implícitamente, la “desconfianza” se proyecta también al tipo de sentencias constitucionales, sobre todo las anotadas como “aditivas” o “manipulativas” que, aún sin quererlo (¿o sí?) convierten al Tribunal Constitucional en un legislador con más fuerza y poder que la propia Asamblea Legislativa, a la que no sólo condiciona con el fallo, sino que lo inhibe hacia el futuro; como asimismo lo consigue respecto al poder administrador que debe seguir la línea impuesta; y al mismo poder judicial que se encuentra vinculado por la eficacia y extensión de la sentencia.

“Los Tribunales Constitucionales. Hoy, podría decirse, que son creadores de normas jurídicas. El poder de la interpretación (propio y funcional en el sistema difuso de control de constitucionalidad) se expande no sólo a la tarea de adecuar el precepto, la regla o la norma de que se trate al principio de la supremacía, sino que convierte al órgano en un instructor del Parlamento o Legislatura, a quienes, en definitiva, aconseja u ordena como realizar la norma constitucional” afirma Humberto Nogueira Alcalá.

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