Colaboradores

20 Feb 2016
Colaboradores | Por: Juan Carlos Menjívar

El proceso contra los militares y el caso jesuitas

Fotografía por: elsalvador.com

Los militares, en caso de ser violadores de los derechos humanos, deben ser perseguidos y capturados por todos los medios legales oportunos

Viendo los sucesos jurídico-políticos que han inundado a la realidad salvadoreña en estas últimas semanas, a mi perspectiva aquel que debe llevarse todos los focos de atención debe ser el  proceso que se sigue en contra de los militares por el caso de los sacerdotes jesuitas, a menudo infravalorada su importancia a largo plazo. Al respecto, se discute si es una disputa política, claro que es un disputa política; y si son culpables de los hechos, cuando según la Comisión de la Verdad en su Informe “De la locura a la esperanza” sí son culpables.

Pero nada de eso es verdaderamente importante en el plano jurídico nacional, más que ser un show político barato o un relato anecdótico para contarle a nuestros nietos. Lo que realmente puede cambiar el rumbo del país radica en la extradición, en ese llamado de una corte en España para que sean juzgados en tierras ibéricas puede ser un antes y un después para la soberanía del país.

No es primera vez que España pide la extradición de los militares, hecho que ya fue negado por la Corte Suprema de Justicia alegando la irretroactividad de la norma sobre el artículo 28 de la Constitución. Este artículo se refiere al momento de cometer el hecho, y prohíbe de forma estricta la posibilidad de extradición de los nacionales.  Fue así como allá en el lejano año 2012 se les salvó el cuello, pero la decisión de la Corte no fue unánime.

Existiendo la negativa de, en ese momento la magistrada Mirna Antonieta Perla que alegó principios de normativa internacional, sin mencionar un muy cuestionable análisis sobre la retroactividad de la norma que de solo recordar me genera disgusto, que El Salvador ha respetado en cada uno de sus tratados internacionales.

Es ahí donde puede cambiar el futuro del país: esta no es una disputa simplemente entre los militares y España. En la decisión de la Corte se le dará respuesta a nivel nacional a las disputas que puedan existir en la normativa interna y la normativa internacional. La magistrada Mirna alegaba justamente eso: la aplicación de manera superior de principios internacionales sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad que es, según el concepto dado por el Estatuto de Roma, los actos realizados por los militares en contra de los jesuitas.

Los militares, en caso de ser violadores de los derechos humanos, deben ser perseguidos y capturados por todos los medios legales oportunos, es así como ya fue extraditado el que residía en Estados Unidos; pero la Corte no se enfocó en ese punto, sino sólo discutió la legalidad de las extradiciones y como fiel creyente que en casos concreto existe la posibilidad que la normativa internacional pueda estar sobre la norma interna de los Estados, me es doloroso aceptar por completo el pensamiento de la Corte en su antigua sentencia. No se debe estar por encima de la Constitución, utilizando de forma correcta la ultra actividad de la norma, la Constitución establece de forma expresa que no permite la extradición.

Y antes de que alguien intente fundamentarse en el principio internacional de Aut dedere out judicare o en español “o extraditar o juzgar”, es de recordar que estos militares ya fueron juzgados en el año 1991 y declarados inocentes (la legalidad de ese juicio ya no es mi motivo de análisis) y, a mi parecer, querer basarse en el Principio Internacional del Interés General es caer en subjetivismos frágiles al analizar cuál es el interés general que debe ver la Corte: si el de sus ciudadanos o el de la comunidad internacional.

Ante lo mismo es de mi opinión que no deben ser extraditados a España y se debe respetar la Constitución, en este caso concreto es de seguir el ordenamiento interno.

 

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