Colaboradores

20 Jun 2015
Colaboradores | Por: Wilson Sandoval

Detrás de “El Espino”

Las políticas públicas no solo son acciones que llevan a un “hacer”, también pueden ser formuladas para “omitir” y no hacer.

 

Más allá de discutir la legalidad o no del desalojo de 80  familias de la Comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán, debemos poner nuestra mirada sobre un acto inhumano, que aunque amparado en una ley, trae consecuencias que terminarán por lesionar la dignidad de los hombres, mujeres, niños y niñas que inevitablemente deberán enfrentarse a este proceso.

El problema que enfrenta la comunidad El Espino es similar al de otras comunidades, como La Cuchilla y El Tanque, en Antiguo Cuscatlán, que han permanecido décadas ante la misma inseguridad jurídica. En el 2014, TECHO realizó un estudio en La Cuchilla. Uno de los hallazgos más alarmantes es la inseguridad que los niños y niñas manifiestan tener en lo concerniente al futuro de sus hogares, por habitar una propiedad que legalmente pertenece al Estado salvadoreño. Sin embargo, ¿qué hace que la problemática de acceso al suelo y al derecho humano a la vivienda digna persista? Mucho tienen que ver las acciones adoptadas y las omisiones del sistema político, como productor de políticas públicas.

Una política de antaño fue la impulsada por quien fuese senador de la Asamblea Nacional y gobernador del departamento de Santa Ana, Teodoro Moreno. En  1881 y 1882 impulsó, en el contexto de las reformas liberales del presidente Zaldívar, las leyes de abolición de las tierras comunales y de los ejidos, bajo el argumento de que los “poseedores de dichas tierras no producían nada al país”. Es así como se despojó la tierra perteneciente a indígenas y  campesinos, las cuales se concentraron en manos de los cafetaleros, sobre todo en la parte central del país. Estos estaban amparados en la figura legal de la expropiación, reestructurando la forma de la propiedad de comunal a privada, dejando una población desposeída y obligada a trabajar con salarios de hambre en las fincas cafetaleras. (Gordon, 1989).

Lo anterior es ejemplo de una política particularmente atroz que el Estado adoptó en gran medida influido por los actores de predominio económico del país y de cómo sistemáticamente se logró montar un marco jurídico que bajo el argumento de  “justicia” favoreciera a pocos. Bien lo decía Monseñor Romero: “La justicia es igual a las serpientes: sólo muerden a los que están descalzos”.

Únicamente en el área urbana del país más de 2 mil asentamientos han sido identificados, según FLACSO y el PNUD. La mayoría de estos asentamientos aún no perciben respuestas del sistema político a su realidad, debido a la actuación por omisión de los actores políticos e instituciones gubernamentales en las últimas décadas.  Después de todo, las políticas públicas no solo son acciones que llevan a un “hacer”, también pueden ser formuladas para “omitir” y no hacer.

Precisamente es la ausencia de una política pública dirigida a los asentamientos para acercar el acceso al suelo y una vivienda digna a las familias en situación de pobreza la que lleva hoy a diversas instituciones de gobierno a “salvar” a la comunidad El Espino. Estrategia poco sostenible ante la envergadura de la problemática. Diversas organizaciones de la sociedad civil hemos insistido en los últimos años en posicionar a los asentamientos en la agenda de los gobernantes, sin recibir una respuesta acorde al contexto. Mientras no se tome una medida estratégica, únicamente se estarán perpetuando actos de injusticia y de violación de los Derechos Humanos como ante el cual estamos.

Creemos que construir una sociedad más justa es posible. Junto a familias de  asentamientos similares a El Espino, buscamos generar soluciones que terminen por transformar vidas mediante el desarrollo comunitario. Sin embargo, incidir debe ser una tarea de todos como ciudadanos activos. Por ello, denunciamos la omisión reiterada del sistema político ante la problemática e invitamos a la sociedad para que contagiados de solidaridad exijamos acciones a los gobernantes, para que no solo representen intereses partidarios, sino también los intereses de aquellos que por décadas han permanecido en la exclusión.

 

 

 

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