Colaboradores

9 May 2015
Colaboradores | Por: Gina Kawas

Corte Suprema de Honduras propina un golpe a la democracia

Ya conocemos demasiado bien el desenlace fatídico que han tenido las repúblicas cuyos mandatarios han vulnerado las leyes a su antojo para no soltar el poder. Parece que Honduras se unirá al concierto de naciones con “democracias autoritarias” en donde destacan Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Si algo nos ha demostrado la historia latinoamericana (particularmente en el siglo XX) es la ambición de los líderes de reescribir las reglas del juego y refundar las instituciones con las que ellos mismos llegaron al poder. Esta característica inevitable en las denominadas “democracias” de la región, de alterar constituciones a su antojo para aferrarse al poder, ha conllevado a la socavación del Estado de Derecho y al quiebre institucional de las mismas.

Honduras formaba parte de los cuatro países que prohibían absolutamente la reelección presidencial en América Latina, junto con Guatemala, México y Paraguay. En 2009, el presidente Manuel Zelaya fue depuesto de su cargo por efectivos militares y exiliado a Costa Rica, marcando el primer golpe de Estado militar del siglo XXI en Latinoamérica después de la tercera ola de democratización de los años 80 y 90. Uno de los cargos atribuidos a Zelaya fue el de traición a la patria, el de violentar el mandato constitucional de la no reelección para extender el proyecto “chavista” del “Socialismo del Siglo XXI” en Honduras.

El actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, apoyó en su momento el derrocamiento de Zelaya, aduciendo que “la Constitución no se toca” y que Zelaya tenía la intención de perpetuarse en el poder. Ahora, con él a la cabeza del país y aparentemente con un grave caso de amnesia, Honduras se une a replicar las prácticas de los regímenes de Venezuela y Nicaragua, que (¿antes?) se consideraban antidemocráticas por ejercer este mismo tipo de mecanismos para no soltar el poder.

El día martes 22 de abril del 2015, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (impuesta ilegalmente por Hernández) aprobó una reforma constitucional que ratifica la reelección presidencial. Después de 33 años, y a través de métodos no ortodoxos (debiese ser una Asamblea Constituyente o los ciudadanos quienes reforman la Constitución, no la Corte Suprema) e ilegítimos, el oficialismo logró cambiar los denominados “artículos pétreos” dictados por la Asamblea Constituyente de 1982, el año del retorno a la democracia en Honduras.

El principio de la alternabilidad estaba tan demarcado en la Constitución de 1982, que se consideraba delito de traición a la patria la infracción a la misma en el ejercicio de la Presidencia de la República, tal como lo dice el artículo cuarto de la Constitución hondureña.

La ironía de la política en Latinoamérica es tangible: fue ese mismo intento de “manipulación” a los llamados “artículos pétreos” de la Carta Magna hondureña la que provocó la crisis política de 2009 que culminó con el derrocamiento de Zelaya. La diferencia es que Zelaya, en cambio, proponía recurrir a una consulta popular que le preguntaría a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no con instalar una cuarta urna en las elecciones presidenciales abordando el tema de la reelección.

Desde la crisis del 2009 prima en Honduras una cultura de impunidad en la cual los niveles incontrolables de violencia e inseguridad están a la orden del día y siguen debilitando las ya de por sí frágiles instituciones. La solución del gobierno de Hernández ante tan calamitosa situación ha sido militarizar el país, aumentando las denuncias de violaciones a derechos humanos y sin ninguna mejoría en la situación de seguridad.

En lugar de enfocarse en temas que son torales para el funcionamiento de la democracia y de la sociedad, como erradicar la pobreza, promover la inversión, mejorar la infraestructura y los servicios públicos, la clase política hondureña apunta a modificar su constitución, manipulando las leyes a su gusto y torciendo en el proceso la noción misma de la democracia.

Ya conocemos demasiado bien el desenlace fatídico que han tenido las repúblicas cuyos mandatarios han vulnerado las leyes a su antojo para no soltar el poder. Parece que Honduras se unirá al concierto de naciones con “democracias autoritarias” en donde destacan Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador.

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