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Armas de fuego, ¿respuesta a la inseguridad?
El escenario ideal es, sin duda, contar con una sociedad con pocas armas de fuego y que las armas autorizadas se encuentren en manos personas capaces de hacer un buen uso de ellas.
El actual contexto de inseguridad ciudadana, y la importancia del tema para la población salvadoreña, ha generado un sinnúmero de propuestas que buscan hacerle frente a nuestro fenómeno delictivo. Como la evidencia lo constata, la mayoría de estas han sido ineficientes y, en algunos casos, tratan aspectos riesgosos que podrían impactar de manera negativa en los niveles de violencia de la sociedad. Este es el caso de los debates relacionados con el uso civil de armas de fuego, pues las discusiones en esta materia han sido dirigidas de manera incorrecta.
Como es de esperarse, un tema tan delicado como este, genera posturas extremas que, comúnmente, no son las más acertadas para combatir de manera estratégica las raíces del problema que se busca resolver. El debate y las propuestas han girado en torno a la promoción o restricción del uso de armas de fuego. Ninguno de esos caminos debe ser la plataforma que oriente una política pública en esta materia.
La población se siente expuesta frente a la violencia con armas. Es cierto, existen delincuentes que amenazan nuestra seguridad con armas de fuego. Pero ante ello, ¿de qué manera que los civiles se armen conseguirá reducir los índices delincuenciales?
El uso civil de armas de fuego no se aproxima a ser la solución para enfrentar los graves riesgos de inseguridad de nuestro país. Aun cuando, en el común de los casos, las instituciones estatales encargadas de prevenir y perseguir el delito se encuentran cumpliendo sus funciones de manera deficiente. Los altos índices de violencia armada que sufrimos, así como diversas investigaciones sobre el uso de armas para defensa personal, han demostrado que armar a civiles no impacta favorablemente en la reducción del crimen y los niveles violencia.
En resumen, es imposible negar que existan situaciones que justifican, frente a un riesgo tangible, la adquisición de algo tan extremo como un arma de fuego. La discusión no se centra en promover el uso ni en dificultar los procesos para los permisos de posesión de armas. Lo verdaderamente importante es que las personas que requieran tener un arma puedan acreditar que están en capacidad de utilizarla responsable y adecuadamente. El escenario ideal es, sin duda, contar con una sociedad con pocas armas de fuego y que las armas autorizadas se encuentren en manos personas capaces de hacer un buen uso de ellas.