Colaboradores

16 Sep 2017
Colaboradores | Por: Luis Contreras

Alarmante situación de la Seguridad Pública en nuestro país

La inseguridad en el país ha llegado a niveles alarmantes; las estructuras criminales han expandido su capacidad de control territorial y su accionar delincuencial les esta brindado un poder económico enorme. Con este, fácilmente adquieren suntuosas propiedades, armas de grueso calibre, vehículos de años recientes y compra de voluntades de jueces, policías, abogados, políticos y otras personas, que están prestos a colaborar a cambio de remuneraciones económicas.

Recientemente en Santa Ana, un operativo denominado “Operación Tecana”, la Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de 93 miembros de pandillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) que operaban en esta ciudad y otras personas vinculadas a las estructuras; entre ellos, elementos de la corporación policial.

También, capturaron a un prestamista, que en su caja fuerte almacenaba $10 mil y en un negocio, que servía de fachada para lavar dinero, la PNC incautó $34 mil en efectivo. Y, en cuanto a los bienes incautados a la estructuras, el Director de la PNC, Howard Cotto, mencionó que se contabilizaron alrededor de 70 vehículos, 41 negocios, 15 armas de fuego y nueve inmuebles

Sin duda, es un duro golpe a la criminalidad, sin embargo ¿Cuántos de los detenidos serán condenados? ¿Qué hacen las autoridades para evitar que estas estructuras sigan agrupándose?

Todos los operativos realizados por las autoridades tienen una ofensiva de los delincuentes, tanto que información de inteligencia en manos de la FGR confirma que hay un plan por parte de las pandillas para atacar a policías, soldados y personas cercanas a ellos, según afirmó el Fiscal General Douglas Meléndez. En lo que va del año han asesinado a 25 policías, atacándolos cuando son más vulnerables: al salir de licencia o en sus lugares de residencia.

La prevención y represión son concomitantes en seguridad, sin embargo, para dimensionar los resultados en las políticas de prevención es a mediano y largo plazo. Urgen medidas inmediatas, que protejan a los agentes policiales cuando son más vulnerables, incluyendo también a sus familias. El impuesto a la seguridad debería enfocarse más en beneficiar a la corporación policial, ya que son ellos quienes combaten frontalmente la delincuencia; ellos son el escudo protector de una sociedad salvadoreña, que ya no soporta más los embates de una delincuencia desbordada.

Preocupa mucho que el Fiscal de la República reciba amenazas de muerte, como lo confirmaron a medios de comunicación: “Me han amenazado, una estructura criminal para que abandone el país, el 15 de agosto tenía como fecha máxima para irme y dejar el cargo”. Pero lo más grave, según Meléndez, es que: “están amenazando a mi familia, eso es complicado, porque amenazar a la familia del fiscal general es fuerte, no puede ser”.

Estas declaraciones son alarmantes. Si nuestras propias autoridades encargadas de aplicar justicia, tampoco están a salvo de la ola de criminalidad y delincuencia que afecta al país ¿Quién protegerá a la población civil? ¿Quién resguardará al ciudadano de a pie que diariamente se gana la vida honradamente? La seguridad pública en el país es extremadamente compleja de resolver. No solamente se trata de buscar desarticular a estas estructuras criminales, sino que también de hacer una limpieza política, de todos aquellos funcionarios y políticos que se han involucrado con estos delincuentes buscando lucro personal.

Es triste conocer los beneficios que tuvo la tregua de las pandillas, mientras la población sufre a diario violencia, asesinatos y extorsiones; estos criminales gozaron de apoyo de autoridades y personajes del espectro político. Como población civil, debemos exigir a todos los partidos políticos, independientemente su ideología, que sean consecuentes con lo que pregonan en campaña y hacer a un lado a miembros suyos que en nada se diferencian con estos criminales.

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